Con un grado de irresponsabilidad que asombra y una liviandad que sorprende, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, quien actualmente integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se animó a decir que él “quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible, porque así hace menos daño”. Su inmediata aclaración de que esa expresión correspondía a un “deseo personal” y que la caída del gobierno pronosticada no se produciría por “la acción de un partido político” sino por “inviabilidad del programa económico” no lo eximió de la responsabilidad que un ex magistrado de la Nación debe tener al emitir este tipo de apreciaciones, que nunca se le ocurrieron cuando era afín a uno de los gobiernos más corruptos y negativos para el país.

Zaffaroni se ha equivocado al decir que los desaciertos económicos van a “provocar violencia extrema”, porque es él quien está generando anticipadamente ese estado de conmoción, con términos propios de un referente político con vocación golpista y no de un alto funcionario judicial.

El excortista ha dado muestras con estos dichos de un fanatismo ideológico que adquirió durante su permanencia en la Corte Suprema de Justicia, entre 2003 y 2014, período durante el cual fue proclive al gobierno kirchnerista. Esto le valió para que, posteriormente, Cristina Fernández lo postulara como juez de la CIDH para el período 2016-2022 y, ya alejada de la presidencia de la Nación, lo designara como principal asesor personal en materia judicial.

Zaffaroni tiene en su haber una serie de malas actuaciones, que no lo ubican como un magistrado ejemplar. Es conocido el caso de sus departamentos que eran alquilados como prostíbulos; sus justificaciones para no pagar impuestos. También por su defensa de dirigentes corruptas como Milagro Sala y por sus teorías garantistas que pergeñó para proteger a delincuentes y corruptos.

Ahora Zaffaroni deberá enfrentar una denuncia por apología del crimen e incitación a la violencia colectiva y el reclamo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que renuncie a la CIDH.

Los dichos van más allá de la libertad de expresión y de opinión, embistiendo a la democracia y los principios y valores republicanos. Se encamina para ser acusado de “traición a la patria”.

Cuesta entender la irresponsabilidad con la que ha actuado, no sólo por lo que ha dicho sino también porque él sabe que es muy peligroso instalar la idea de que es posible que un gobierno democrático no termine su mandato, algo que todos, sin excepción, debemos evitar que suceda.