A medida que avanzaban las investigaciones por la escandalosa corrupción durante el gobierno anterior y las etapas judiciales que determinaron culpabilidades con pruebas irrefutables, el kirchnerismo apeló a la descalificación de los magistrados por instrumentar las causas por la responsabilidad de exfuncionarios y de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Pero el mayor despropósito lo formuló el precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, al declarar que en caso de ganar las próximas elecciones ordenará revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años porque a su juicio carecen de todo sustento jurídico.

Peor todavía son los trascendidos del entorno de la expresidenta con la idea de disolver directamente el Poder Judicial para reemplazarlo por órganos políticos de representación popular, sin advertir que la propia Constitución Nacional establece el sistema republicano de gobierno a través de la división de los poderes del Estado. La Carta Magna impone límites con el fin de proteger el ejercicio jurisdiccional sin la presión del Poder Ejecutivo: "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas o restablecer las fenecidas'', dice el art. 109, que sin duda olvidó Fernández.

Si bien los políticos en campaña buscan impactos mediáticos con cualquier exabrupto, resulta incomprensible que se llegue a estas afirmaciones tan absurdas. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, son ideas antirrepublicanas e irracionales en una democracia constitucional como la nuestra. Y recordó que los magistrados deben ser independientes de cualquier interés ajeno a la ley, incluidas las propias convicciones políticas y valoraciones personales.

Pero no parece tan descabellada la idea del precandidato ya que el populismo requiere jueces militantes tal como los integrantes de la agrupación "Justicia legítima" consustanciados con los lineamientos ideológicos y autoritarios del Ejecutivo anterior, en clara transgresión a la letra constitucional. A los jueces no los elige el voto ciudadano, como ocurre con los miembros de los otros poderes del Estado, y en la naturaleza del Poder Judicial está la inamovilidad de sus miembros, garantes de todos los derechos de los habitantes de la Nación.

Frente a los despropósitos y amenazas vengativas corresponde a los ciudadanos defender a la Justicia como la última instancia que respalda nuestros derechos y libertades individuales en democracia.