Las reuniones que se realizan en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres comenzaron en nuestro país en 1986. Pero desde hace una década aproximadamente, empezaron a dar muestra de los signos de violencia que ahora las caracterizan y las distinguen.

La 33º edición del encuentro realizado la semana pasada en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, no fue la excepción y más allá de los talleres y reuniones en la que se trataron diversos temas vinculados a la realidad que viven las mujeres argentinas, no faltaron las manifestaciones y marchas por las calles de la ciudad en la que se produjeron incidentes y actos de vandalismo por parte de grupos identificados con la extrema izquierda y el kirchnerismo.

No se puede concebir que la libertad que se pregona a viva voz y los derechos a manifestarse y expresarse libremente se confundan con acciones violentas y con consignas políticas que no deberían ponerse de manifiesto en este tipo de encuentros.

En las marchas realizadas en Trelew los desmanes y actos provocativos estuvieron a cargo de militantes de la agrupación kirchnerista "La Cámpora'', el "Comunismo Revolucionario'', "Feminismo Popular'' y el grupo llamado "Las brujas'', que se las relaciona con Quebracho. También hubo "tetazos'' frente a iglesias católicas, y un grupo de legisladoras nacionales y provinciales concretaron la denominada "Plaza de Cristina'', con la que impulsaron la candidatura para 2019 de la expresidente de la Nación y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta casi media docena de procesos por casos de corrupción.

Las calles de una ciudad volvieron a temblar ante la presencia de grupos feministas que en clara oposición al Gobierno nacional promovieron todo tipo de disturbios, lo que se ha hecho una práctica habitual que distingue a estas reuniones sacándolas de contextos respecto de sus fines originarios.

En la medida que estos encuentros continúen realizándose con la misma modalidad, permitiendo que grupos radicalizados realicen actos de avasallamiento y desmanes en la vía pública, las autoridades locales, provinciales o nacionales deberán actuar en consecuencia sin temor a la condena social que pueda provenir, precisamente, de estos mismos sectores que no tienen la menor consideración de atormentar a una comunidad mediante su accionar.