Las políticas sanitarias aplicadas en nuestro país han tenido diferentes modalidades en resguardo a la propagación del coronavirus, siendo el aislamiento social la forma más efectiva, como quedó demostrado en la extensa cuarentena. Las flexibilizaciones para retornar a las actividades cotidianas tuvieron en cuenta cada provincia, de acuerdo a la evolución de los contagios y la situación epidemiológica local.
El criterio de las autoridades sustentado en el sentido común ha sido una fórmula irreprochable camino a la nueva normalidad, no así en la provincia de Formosa, donde el autoritarismo del gobernador Gildo Insfrán, con más de 25 años en el poder, ha impedido el regreso de 7.500 formoseños a sus domicilios. Las imágenes de los varados en las rutas de acceso a esa provincia dieron la vuelta al mundo y repercutieron en una denuncia de Amnistía Internacional, más una declaración en abril último de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Suprema de Justicia ha intervenido ante un pedido de amparo y ha intimado a Insfrán a respetar el artículo 28 de la Constitución Nacional por suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable y las obligaciones internacionales, sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública. Los 15 días de plazo otorgados por el alto Tribunal echan por tierra los argumentos del llamado Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa, el cual reguló con una serie de exigencias, superar las barreras que impedía a los formoseños que al declararse la pandemia estaban fuera de su provincia.
Nunca se ha visto en la Argentina a personas reclamando durante meses autorización para regresar a sus hogares, hasta familias esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, y durmiendo a la intemperie o en sus vehículos. También se cuenta la muerte de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que no veía a su mujer y su hija de 3 años desde principios de la cuarentena e intentó cruzar a nado el río Bermejo, pereciendo en el intento.
Frente a esta política irracional los jueces señalan que los hechos sucedidos en Formosa exigen a la Corte el ejercicio del control encomendado a la Justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado, para la observancia de la Constitución Nacional.
Llegar a esta última instancia por una irracionalidad convertida en capricho indica hasta qué punto el autoritarismo político carece de lógica y limitaciones.