Entre las primeras medidas implementadas por el nuevo presidente de Brasil Jair Bolsonaro, la que más trascendencia social ha alcanzado y de la que todo el país está hablando es la del nuevo salario mínimo fijado en los 998 reales (casi U$S 269), que representa un aumento del 4,61% con respecto al año pasado. El ajuste se ha efectuado en base a una fórmula que tiene en cuenta la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables, pero en realidad no era el esperado por muchos ya que resultó inferior a los 1.006 reales calculados por la administración anterior y contemplados en el presupuesto 2019.

Por otra parte se ha comprometido a liberar al país de las "amarras ideológicas'', es decir gobernar sin discriminación. Para esto Bolsonaro firmó una medida provisoria, que a nivel legal representa una medida unipersonal, con fuerza de ley, sin la participación del Poder Legislativo, que borra todas referencias a la comunidad LGTB (Lesbinas, gay, travestis y bisexuales).

En relación a las reformas económicas necesarias para superar los efectos de la crisis, otra medida provisoria abarca los cambios en la estructura de los ministerios, incluyendo al nuevo Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, a cargo de una militante antiaborto, antifeminista y pastora evangélica. Algunas suspicacias ha despertado el hecho de que las políticas destinadas a la promoción de los derechos humanos, se incluye a las mujeres, niños y adolescentes, juventud, ancianos, personas con discapacidad, población negra, minorías étnicas y sociales e indígenas, pero a las personas LGTB que antes eran nombradas en las estructuras de la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de la Persona Anciana, se las ha excluido.

También anunció que en el futuro la comunidad indígena de Brasil no podrá identificar y limitar terrenos para establecerse. Así, los agricultores tienen ahora el poder de tomar tierras indígenas para cultivarlas.

En materia de seguridad es propósito del nuevo Ejecutivo nacional implementar la liberalización de la posesión de armas a cualquier ciudadano que no tenga una condena previa. Durante la campaña electoral Bolsonaro anticipó la liberación de la venta de armas y citó a EEUU como ejemplo, al contar ese país con una política de venta y portación de armas similar a lo que se pretende implementar en Brasil.