El Gobierno nacional dictó la modificación de la ley migratoria a fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso de extranjeros que hayan cometido delitos graves. La medida se estableció tras comprobarse los vínculos de la inmigración peruana, paraguaya y boliviana con el aumento del narcotráfico. 


De inmediato surgieron críticas del gobierno boliviano y el propio Evo Morales al comparar la decisión del presidente Mauricio Macri con el "discurso xenofóbico" de Donald Trump. Además, envió a nuestro país una comisión para verificar la situación de los residentes bolivianos, cerca de 1,2 millones, según el gobierno de La Paz. 


Sin embargo, la ley migratoria de Bolivia es exactamente igual a la impulsada por Argentina. Rechaza a las personas con antecedentes penales, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Mediante la legislación boliviana, el año pasado fueron presos 29 ciudadanos argentinos en ese país, de acuerdo al informe de la funcionaria, a la vez de remarcar que en 2016 hubo un récord de otorgamiento de visas para ciudadanos bolivianos y paraguayos que vienen a radicarse.