A tan sólo diez días del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum independentista con el que Cataluña planea separarse de España continúan las acciones del gobierno central contra la Generalitat, con el objeto de impedir la consulta popular, que no sólo se limitaría a pedir la opinión por el Sí o por el No para iniciar el proceso independentista, sino que avanzaría efectivamente sobre la separación para concretarla a la mayor brevedad. Entre las medidas interpuestas, el gobierno español dispuso declarar ilegal el referéndum y todo el proceso iniciado para lograr la separación. Luego amenazó con arrestar a 712 alcaldes catalanes afines al referéndum separatista y en los últimos días dispuso que Hacienda controlara los gastos de las tarjetas de crédito del Gobierno catalán, como una forma de coartar el manejo indiscriminado de fondos para ser utilizados con fines separatistas.
El independentismo catalán es la posición política que propugna la independencia de Cataluña con sus actuales límites como comunidad autónoma española. Se basa en el principio de que el pueblo de Cataluña es una nación soberana, en relación a la interpretación de su historia, cultura, lengua propia y al derecho civil catalán, y sobre la afirmación de que Cataluña no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica mientras forme parte de España. Lo mismo pensaban los nazis al irrumpir en la vida de varios países europeos, al considerarse superiores. El derecho a decidir tiene sus límites éticos, históricos, de tiempo, de principios que no sólo se definen con un dialéctico propio o un desarrollo más pronunciado beneficiado por la naturaleza o su posición geográfica. Es decir el individualismo y la mezquindad no deben ser argumentos suficientes para que nadie quiera destrozar una nación.
El gobierno regional de Cataluña y el de España llevan años librando esta pulseada. Se enfrenta lo que es legal contra el egoísmo de pretender la separación de una región. En este marco el gobierno catalán realizó el 9 de noviembre de 2014 un primer referéndum para conocer la opinión de los catalanes sobre el anhelo separatista. A pesar de algunos inconvenientes la consulta se realizó, aunque fue considerada ilegal por no ajustarse a las disposiciones vigentes. En esta nueva ocasión pasa algo similar. Mientras el Tribunal Constitucional español ha suspendido el referéndum en forma cautelar, el presidente catalán Carles Puidegmont pese a la oposición del gobierno central de España pretende realizar el referéndum.
La Constitución española autoriza al gobierno de este país a suspender a un gobierno regional autonómico si desobedece las leyes, medida a la que el presidente Mariano Rajoy todavía no ha recurrido esperando el desarrollo de los acontecimientos.