Ese poco agradable instrumento de inmovilización, el cepo, ha venido a definir en buena medida a esta época, al menos en Latinoamérica. Si bien se lo ha empleado para referir alegóricamente la falta de autonomía de diversas variables económicas, menos evidente ha resultado el "cepo a la opinión". Subrepticia aunque públicamente, se ha generalizado su uso mediante una argucia argumental bastante dañina. Rápidamente, logran acoplarle el cepo a cualquier diálogo o debate al colgarle una etiqueta descalificatoria. Por ejemplo, si alguien reclama por seguridad pasa a ser automáticamente de "derecha", si se siente agobiado por impuestos se convierte en un "neoliberal", si muestra impotencia por algún bloqueo de vías públicas se encontrará siendo un "facho", si quiere a su familia, un "patriarcal". Tan larga como reveladora es la lista de fórmulas apelativas que utilizan como cepo a la opinión. Y consiguen que las personas callen, en su necesidad de llevar su vida adelante sin tener que luchar contra dedos señaladores que los marcan para estigmatizarlos, como a los leprosos en el medioevo. Ese temor crea una vulnerabilidad que es explotada.
Y esta mecánica se cumple también en el plano dirigencial. Es sabido que el mundo está padeciendo graves problemas por la delincuencia organizada. A tal punto, que en diversas naciones ha tomado el control de territorios, desplazando al mismo Estado. Es decir, además de un serio tema de seguridad es un asunto de soberanía. El Salvador, una de las naciones en la que el crimen organizado tenía a su sociedad y aparato estatal de rodillas, con el asesinato como moneda de cambio, logró revertir la situación. Evidentemente, tal decisión debía ser generatriz de debates y análisis, como un modelo adaptable o no a diferentes realidades. Pero rápidamente se procedió a aplicar el cepo a la opinión. A la prisión que inauguró el presidente Nayib Bukele le comenzaron a denominar, en una acompasada reiteración coral, "campo de concentración". Y es claro que nadie quiere verse envuelto en la defensa de campos de concentración. Pero estos son otra cosa, son centros donde se recluye a gente que pertenece a algún colectivo (raza, religión, creencia, actividad, etc.), no por transgredir la ley. La prisión de 40.000 plazas de El Salvador ciertamente constituye lo contrario, la habitan quienes han cometido delitos. Pero los devotos del cepo a la opinión también sostienen que Bukele promueve una dureza incompatible con los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de un pandillero que ha sido condenado por la justicia a 1.310 años de prisión por cometer 33 asesinatos, entre una colección de delitos. O critican que la penitenciaría no tiene patios, espacios conyugales, o servicios de internet. Un mínimo de decencia exigiría respetar la memoria de las víctimas, no el confort de sus verdugos.
Latinoamérica podría ampliar horizontes si lograse liberarse de los cepos a la opinión, los que hacen renquear a sus democracias entre vetustos escombros verbales.