La Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el 24 de noviembre último una ley que prohibe en esa jurisdicción la publicidad de todas las bebidas alcohólicas en la vía pública y la promoción, patrocinio o financiación de actividades culturales, educativas y deportivas gratuitas por los fabricantes o distribuidores.

La norma busca poner freno al alcoholismo, en particular de los jóvenes, lo que señala la buena intención de los legisladores para salvaguardar la salud, pero es anticonstitucional por donde se la analice ya que se contrapone con la ley nacional 24.788 que regula la publicidad de estas bebidas en todo el país, y se enfrenta a la adhesión que rige en la CABA, como en todo el ámbito federal.

También la Legislatura porteña carece de racionalidad al involucrar a todo lo que contenga alcohol sin analizar objetivamente a la importante industria vitivinícola argentina, que ha logrado un reconocimiento mundial. Primero como "bebida nacional” -también calificada por ley- y por su proyección cultural internacional como identificación de un país.

El daño de los representantes porteños va más allá de la imagen del vino asociado al tango y a la reunión familiar -lo que no ocurre con otras bebidas alcohólicas- sino que impacta de lleno en la vitivinicultura, uno de los pilares de la economía.

Según la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) la vitivinicultura genera anualmente más de 115.000 puestos de trabajo directo y se sustenta en más de 18.000 productores de uva a lo largo del oeste argentino, desde Salta a la Patagonia.

La entidad que nuclea a todas las entidades de la industria señala en una declaración que el vino es un producto con gran valor agregado y Argentina está entre los diez principales países a nivel mundial en términos de producción de uvas, elaboración de vinos y consumo.

Además, esta producción dinamiza otros sectores de la economía como la metalmecánica, la gastronomía y especialmente el turismo. Para tener una idea, en 2015 nuestro país exportó productos vitivinícolas aproximadamente por el mismo valor que de carne, o unos 1.000 millones de dólares.

La prohibición de la CABA sin duda es inconstitucional porque interfiere a una norma nacional, votada por los propios diputados porteños pero, además, sus considerandos son muy confusos y su aplicación extremadamente dañina para las economías regionales .