Por ser mucho más grave que los niveles de pobreza que se registran en la población, la indigencia en los niños, que se traduce en necesidades alimentarias entre otros requerimientos, es un tema que merece ser abordado con la mayor seriedad, debido a que las secuelas que deja son permanentes y pueden ser determinante de discapacidades de por vida. El país afronta un oscuro panorama relacionado a este tema, revelado recientemente por un informe del Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) que señala que el 15% de los niños menores de 10 años están por debajo de "la frontera de la indigencia" que es un punto mucho más crítico que la simple pobreza o la indigencia con consecuencias mucho más graves y que requiere urgente atención por parte de las autoridades de las áreas sociales.

A este informe vinculado con la situación de los menores se suma un estudio sobre el sistema local de protección de la infancia: caso Rosario, provincia de Santa Fe, que ha llegado a determinar los problemas que afrontan los niños en sus distintas etapas. En la primera infancia que llega a los 5 años, que es cuando se muestran vulnerables a graves riesgos provocados por la pobreza, el trabajo infantil, la explotación y la discriminación. En la segunda infancia, con niños que llegan a los 11 años, estos mismos problemas se agudizan apareciendo el consumo de drogas, con la graves consecuencias que esto implica.

En un país donde los niños padecen hambre, sufren desnutrición, son proclives a conductas adictivas y el 14 % no termina su escolaridad primaria, según otro informe de la misma UCA, denominado "la educación de los argentinos en clave de recursos y estructura de oportunidades" los gobernantes no deberían dejar pasar por alto una situación tan compleja, y apuntar a encontrar una solución de fondo que lleve a esta franja etaria a alcanzar una mejor situación.

Con los valores que se están manejando para medir la situación social de los menores, el país se acerca peligrosamente a un estado de precariedad que amenaza con afectar las bases de la sociedad sin que las autoridades asuman una responsabilidad que les compete desde el punto de vista que son los responsables y encargados de delinear las políticas sociales que determinen una menor cantidad de niños en estado de vulnerabilidad.

La política debe estar para implementar acciones que saquen a los niños de esa situación de marginalidad para evitar que caigan en situaciones que afecten su salud, su desarrollo social y los gobernantes tienen que actuar en consecuencia sin ningún tipo de excusa que les impida cumplir con el objetivo para el que han sido designados en sus respectivos cargos.