La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación al Gobierno de Cuba por las condiciones de sometimiento en que realiza la exportación de servicios profesionales como fuente de ingresos a su economía. El organismo internacional viene recibiendo numerosas denuncias de lo que se considera una moderna esclavitud, según testimonios en investigaciones periodísticas y acusaciones de ONG de derechos humanos.


Las misiones médicas en el exterior son la principal fuente de ingresos de la economía cubana, que ha promediado más de 11.000 millones de dólares de beneficios en la última década. Los profesionales son enviados a países con déficit de atención médica, pero también son parte de la penetración ideológica a la que están obligados. En Venezuela aleccionaban a los pacientes para ganar votos para el chavismo; en Bolivia y Ecuador originaron graves incidentes, y en Brasil Jair Bolsonaro dio de baja al convenio por considerarlo una forma de esclavitud.


Cuba pacta con terceros países una cobertura médica y los galenos sólo reciben una ínfima parte de un contrato, del que se les niega hasta una copia, y esos honorarios se depositan en la isla en cuentas congeladas durante tres años para asegurarse de que el médico no abandone la misión. Si lo hace, ese dinero pasa al Estado y al ciudadano le niega el regreso durante ocho años, con el agravante de represalias a sus familiares que siguen en suelo cubano.


La Habana recibe hasta 10.000 dólares mensuales por cada uno de sus médicos enviados a Catar y de ese monto entre el 75% y el 90% va al Gobierno. El resto es salario profesional y en moneda cubana. Como si fuese poco ultraje, cada misión incluye a "supervisores", encargados de la vigilancia política y hace cumplir turnos de hasta 64 horas semanales, observar la restricción de movimientos del grupo e instarlo a alterar las estadísticas de pacientes para engrosar la obtención de divisas. Las médicas, por su parte, han denunciados casos de violencia sexual, de acuerdo a lo documentado por la ONG Cuban Prisoners Defenders. La ONU no ha recibido ninguna respuesta del gobierno de Díaz-Canel, pero el sistema propagandístico afirma que se trata de una campaña de descrédito de EEUU.


Más llama la atención que los acérrimos defensores de los derechos humanos no digan una sola palabra sobre este trabajo esclavo masivo del siglo XXI, ni de las persecuciones y los castigos a los médicos desertores, incluidos sus familias. También callan los sindicatos de izquierda que podrían horrorizarse por el trabajo forzoso y la subvaloración salarial que ocurren en nuestros días.