Donald Trump hizo su campaña para llegar a la presidencia de los Estados Unidos culpando a México por el incesante ingreso de indocumentados, origen de una serie de desequilibrios económicos y sociales y acusó a los ilegales por el aumento de hechos delictivos. La tensa relación entre vecinos, con amenazas constantes de la Casa Blanca incluida la obra faraónica del muro fronterizo, hizo reaccionar a las autoridades mexicanas para extremar medidas a fin de evitar un mayor deterioro bilateral.

Ahora el panorama parece revertirse y quienes alzan su voz para que Washington controle mejor la frontera común son los mexicanos, alarmados por el aumento de armas de alto poder de fuego que ingresan clandestinamente para pertrechar a los cárteles de la droga y las bandas del crimen organizado. Los números hablan de la satisfacción de México de haber reducido un 56% el flujo migratorio ilegal a EEUU y busca una compensación al respecto.

La delegación enviada por López Obrador para reunirse con el vicepresidente Mike Pence esta semana, planteó los resultados exitosos de la política mexicana para resolver la crisis planteada en mayo pasado por el éxodo centroamericano que buscaba llegar a suelo estadounidense. En agosto último alrededor de 64.000 personas que intentaban cruzar la frontera común rumbo al Norte, fueron disuadidas y atendidas humanitariamente poniendo fin a las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se controlaba la inmigración irregular.

En esta conflictiva relación los mexicanos plantearon otro tráfico espinoso: el de las 567 armas diarias -22 por hora- en promedio que ingresan ilegalmente a México y contribuyen al aumento de la sangrienta ola de violencia. Se ha documentado casos puntuales, como el informado por un fiscal de Chihuahua sobre los ocho asesinatos diarios ocurridos en los primeros días de este mes en Ciudad Juárez, perpetrados con armas adquiridas en casas de artículos deportivos de Texas y Nuevo México. No pasaron 90 días entre la compra del armamento y los crímenes cometidos del otro lado de la frontera.

Por eso es justa la petición del grupo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard en su reunión con Pence para alcanzar un acuerdo compensatorio y frenar las corrientes migratorias de indocumentados y del tráfico ilegal de armas de uno y otro lado. El Gobierno mexicano ha desplegado 25.000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar la frontera común y los resultados están a la vista; en cambio EEUU jamás ha impedido la comercialización de armas de grueso calibre en los estados limítrofes, no obstante conocer el destino ilícito.