El presidente de México ha puesto todo su empeño en fortalecer la industria petrolera para bajar drásticamente el valor de los combustibles fósiles y alcanzar el autoabastecimiento dejando de importar crudo, en particular de los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de su colega Donald Trump, que rechazó de plano el Acuerdo de París sobre el cambio climático desde que estaba en campaña, ha dado un giro de 180 grados en su política energética, en el primer año de gestión.

Sin expresarlo de igual modo, el cambio mexicano es silencioso pero contundente en los hechos, dando la espalda a las iniciativas internacionales que buscan la reducción de las emisiones de efecto invernadero incentivando la generación limpia y sustentable, tal lo acordado en la Cumbre del clima de las Naciones Unidas.

Los diferentes emprendimientos eólicos, solares y de otras variantes sustentables que estaban en diferentes etapas han sido demorados, postergados, o directamente suspendidos para privilegiar el resurgimiento de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para que vuelva a la década de oro del 70. Una gigantesca refinería se está construyendo en tiempo récord en Tabasco, sin que se conozca el impacto ambiental de la obra que el gobierno presenta como emblema de soberanía.

Pero más allá de lo económico, la política energética de López Obrador tiene un perfil ideológico que pesa en los distintos proyectos privados de generación limpia. "La electricidad es un derecho humano que no puede estar en manos de privados", ha dicho el titular del organismo energético nacional al cuestionar que en la actualidad la matriz estatal mexicana produce el 55% de la electricidad del país y el resto lo aportan fuentes privadas. La cancelación de licitaciones para inversiones en fuentes alternativas lo dice todo.

La inversión en energía renovable cayó un 38% en 2018 con respecto al año anterior y ahora será mucho mayor, según datos de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía que monitorea las proyecciones de crecimiento de las alternativas. México se comprometió a que en 2030 sus emisiones de gases de efecto fueran un 22% menor a lo que se esperaría sin planes de reducción, cifra que los especialistas cuestionan y, con las decisiones de López Obrador, superarían con creces a las de 2015.

La nación azteca, como todos los países firmantes del Acuerdo Climático, debe presentar el año que viene un plan de metas a favor de la lucha contra el calentamiento global, pero el Gobierno acumula más dudas que certezas.