La influencia de los sectores locales de izquierda más duros, junto con el kirchnerismo, han influenciado en los organismos internacionales de derechos humanos para lanzar una campaña en favor de Milagro Sala, detenida en Jujuy por disposición de la justicia que la investiga por encubrimiento de un homicidio, lesiones, asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas.

De todos estos delitos existen pruebas contundentes y el proceso investigativo sigue sumando decenas de testimonios de víctimas de la prepotente y arbitraria líder de la organización Tupac Amaru, en el manejo de fondos públicos.

No lo entienden así quienes se niegan a escuchar otra campana y califican a la activista social de "presa política", como si estuviera en el mismo plano que el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, con menos repercusión mundial.

Exigir la libertad de Sala desde el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, no sólo tiene un alto contenido ideológico sino apunta a erosionar la imagen del Gobierno argentino en el mundo.

Basta señalar que la causa de Sala es defendida en el tribunal continental por Jorge Taiana, excanciller de Cristina Kirchner, y por el CELS, el organismo dirigido por Horacio Verbisky.

Pero lo más lamentable es que Luis Almagro se haya despojado de la investidura que asume quien está al frente de la OEA para hacer pública su posición, solidarizándose con Milagro Sala sin haber requerido un informe al embajador argentino, o reunir los elementos que obliguen al análisis del caso, para recién pronunciarse.

Ni siquiera a título personal debió pedir la libertad y menos calificarla de detención política. 

El tema de la jefa de Tupac Amaru descalifica a Almagro como funcionario de la OEA y reafirma su ideología marxista y simpatía castrista, como las huellas dejadas en su presidencia uruguaya.

Ya que le preocupa Sala, debió respetar primero la división de poderes en el país democrático, y si duda de la imparcialidad podría saber que gran parte de los jueces y fiscales que juzgan a Sala fueron nombrados por Eduardo Fellner, ex gobernador peronista de Jujuy.