Ante una consulta de este diario, la mayoría de los municipios de la provincia revelaron que una buena parte del presupuesto de obras públicas lo destinan a trabajos de refacción y mantenimiento de plazas y espacios verdes. Esta acción está motivada por los daños producto del vandalismo cometido por patotas de adolescentes y jóvenes que frecuentan estos lugares, en horas de la noche o la madrugada.
La solución a estos desmanes, para que las comunas dejen de gastar fondos en reparar farolas, bancos, juegos infantiles, bustos, estatuas y otros monumentos, realizar trabajos de pintura y hasta reponer baldosas, que suelen ser arrancadas para ser utilizadas como proyectiles, fueron propuestas hace unos días en la columna "Debate” de esta Sección Opinión por ciudadanos consultados sobre "¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad en plazas y espacios verdes, con el objeto de evitar los daños que frecuentemente se registran? En su mayoría los encuestados coincidieron que hacen falta placeros y serenos, con apoyo policial, para evitar los daños que se suceden periódicamente y a los que la comunidad, lamentablemente, se está habituando.
La rotura de farolas de las plazas ocupa actualmente el primer lugar entre los daños más frecuentes y más costosos para un municipio. Por cada luminaria rota, en promedio, se destinan alrededor de $4.500 a $5.000, una cifra que se extrae del presupuesto destinado a obras y servicios públicos, quitando la posibilidad de que esos fondos vayan destinados a otras obras necesarias para la comunidad.
Siguen en materia de daños preferidos por los vándalos el destrozo de bancos, con un costo de reposición de entre $1.500 a $2.000 por unidad, juegos infantiles que pueden llegar a costar miles de pesos y la restauración de monumentos que tiene un valor intrínseco, ya que si bien su costo es importante, lo que realmente es difícil de conseguir son los escultores que se dedican a hacer este trabajo.
Por todo lo expuesto, sin ninguna duda es más necesario que nunca contar con placeros que controlen la presencia de revoltosos en los espacios verdes y evitar de esta forma los daños. Personal contratado o beneficiario de planes sociales que dependen de los municipios pueden realizar esta tarea previa instalación de garitas y de botones de pánico a los que puedan acudir ante la necesidad de dar aviso a la Policía sobre alguna situación peligrosa. Con esto, los municipios podrían ahorrar mucho dinero y aportar a los paseos públicos una cuota de seguridad que actualmente es muy exigua.