Para la población mapuche el territorio patagónico que habitan es una herencia ancestral que no reconoce fronteras políticas y menos dominaciones externas, que ni siquiera los conquistadores españoles pudieron doblegar a esta gente ya que sólo responde a una cultura aborigen que se mantiene indemne a la evolución social. El mapuche es por naturaleza pacífico pero reacciona cuando se lo avasalla de diferentes formas y por ello la imagen de conflictividad que se conoce con el agravante de la infiltración de sectores ideológicos que prometen una reivindicación de sus derechos y condiciones de vida que no es tal.
Por eso no sorprende que el ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Víctor Pérez, haya manifestado que en el sur del vecino país están actuando grupos con capacidad militar, operativa y logística, junto con el financiamiento para perpetrar la serie de ataques que ha recrudecido en las últimas semanas a pesar del aislamiento y la inactividad impuesta por la pandemia, incluyendo el toque de queda.
Si bien el funcionario mencionó que los atentados se registraron en el contexto del conflicto mapuche, no identificó a los insurgentes ni especificó las evidencias que tiene el gobierno trasandino para ser categórico en tales acusaciones, aunque señaló la firme decisión de combatirlos. Pero se sinceró sobre el éxito de las operaciones teniendo en cuenta que se trata de una situación con décadas de desencuentros sin poder alcanzar un acuerdo con esos pueblos originarios y dejó bien en claro que en Chile no hay presos políticos sino detenciones ordenadas por la Justicia a los autores de los atentados a la propiedad privada y a familias que trabajan en la zona que quieren vivir en paz.
Los atentados en la región forestal tienen una logística propia de las organizaciones terroristas y de allí las versiones acerca de miembros de las desactivadas FARC colombianas, insurgentes venezolanos entrenados por cubanos y cárteles de la droga que financiarían a la insurrección y a la ola de atentados. Fuera de estas especulaciones, no caben dudas sobre el apoyo de los sectores de izquierda a la población mapuche en cuanto a la lucha contra la discriminación cultural económica y social, sus derechos sobre la tierra y autodeterminación, pero sin duda hay una capacidad militar que no se compadece con los medios que posen los naturales.
Argentina debe estar muy atenta a los últimos acontecimientos en la Araucaria chilena por el estrecho contacto de estos movimientos con capacidad militar que podrían incursionar de este lado de la cordillera, con los mismos argumentos esgrimidos en sus reclamos y la estrategia de obtenerlos por la fuerza.