Como lo advirtieron oportunamente distintos sectores de la comunidad que salieron a oponerse apenas se conoció la iniciativa, el plan de obras que tiene programado el Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) es, en estos momentos, un gasto innecesario en medio de la pandemia del Covid-19, al distraer fondos que podrían ser utilizados por el sistema de salud o por la asistencia social. A demás se ha cuestionado por qué esos recursos no se suman al Fondo de Contención Tarifaria, que en la práctica sería más propio y permitiría un alivio a los consumidores en el pago de la boleta de la luz.
Realizar obras millonarias para un organismo que tiene, por ahora, otras alternativas donde funcionar, es un despropósito especialmente cuando estamos en un momento histórico en el que todos los recursos, o su gran mayoría, deben estar destinados a la contención de la situación sanitaria o a otros aspectos vinculados a promover la producción y consecuentemente la generación de empleo, que son asuntos más acuciantes.
La polémica que se ha desatado en torno a este tema surgió cuando el EPRE hizo una convocatoria a un concurso de ideas y anteproyectos para la construcción de cocheras, oficinas y un depósito en un predio que posee en el departamento Rawson.
Los primeros en oponerse al proyecto fueron los movimientos sociales con representación en la provincia y las organizaciones sindicales, a los que posteriormente se sumaron otras entidades de bien público. De la misma manera numerosos particulares adhirieron a esta posición. Hasta el diputado nacional Walberto Allende (PJ) se pronunció en contra del emprendimiento del organismo al expresar que se trata de una iniciativa "totalmente inoportuna y fuera de lugar".
Cabe recordar que el EPRE es un organismo autárquico que depende directamente del Ejecutivo provincial. Tiene un carácter eminentemente técnico, ya que regula y controla el servicio público de electricidad a fin de garantizar que los usuarios del servicio no tengan inconvenientes por problemas en la distribución.
Hay coincidencia en todos los sectores de la comunidad de que estamos en un momento en que el Estado debe tener bien definido su accionar en beneficio de la comunidad, promoviendo obras que realmente apunten al bien común y que sean generadoras de trabajo. El solo fin de que la infraestructura estatal crezca para mayor comodidad de funcionarios y empleados, puede ser considerado como un derroche ante otras necesidades más importantes para la población.