La sanción de una ley de extinción de dominio para recuperar bienes y activos secuestrados al narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, y de la corrupción política, estuvo cajoneada dos años en el Senado de la Nación y estuvo a punto de perder estado parlamentario al fin del último período legislativo. Ante la necesidad de contar de inmediato con una norma que permita al Estado disponer de bienes que se deterioran vehículos, aeronaves, embarcaciones- el presidente Mauricio Macri firmó en enero un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Esta norma, como todos los DNU, debe tratarla la Comisión Bicameral Permanente para convalidar o no su legitimidad. En la reunión del martes último, la oposición kirchnerista y peronista se unió insólitamente para rechazar la iniciativa del oficialismo, con un dictamen que será enviado a ambas Cámaras del Congreso y, si es refrendado por mayoría simple, el decreto presidencial quedará sin efecto.

La extinción de dominio contenía un giro histórico para impedir que los delincuentes mantuvieran sus cuantiosas fortunas obtenidas en forma ilegal y hasta las siguieran multiplicando aún desde la cárcel, como los narcotraficantes. El DNU transfiere todo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en tanto que el dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias iría a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación.

Por su parte los instrumentos financieros nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. En definitiva, hay más de 250 mil millones de pesos que requieren extinción de dominio para ser recuperados por el Estado. También implica dar una respuesta a la ciudadanía que observa cómo pasa el tiempo en las causas contra la corrupción y no hay medidas ejemplarizadoras.

Se pueden hacer muchas conjeturas ante la posición conjunta de sectores que parecían antagónicos, como el peronismo y el kirchnerismo legislativo. Argumentos como la inconstitucionalidad del DNU, la inexistencia de una circunstancia excepcional que impida el trámite de la ley, o que Macri hubiera incluido el proyecto en la convocatoria a extraordinarias, no son creíbles.

Nadie habló del reclamo constante del Ministerio Público y de los propios jueces de contar con una herramienta contra estos ilícitos. Tampoco prevaleció el sentido común y queda latente una maniobra del kirchnerismo que parece una confesión de parte sobre lo que ocurrió en esa gestión de gobierno.