La protesta social y el derecho a peticionar son garantías constitucionales siempre que no afectan al bien común, también atendido por la Carta magna, como la libertad de circulación, de trabajo, de salud y demás seguridades otorgadas por el Estado de derecho. Pero cortar rutas como lo hace el movimiento de autoconvocados en Neuquén, desde hace más de 20 días en demanda de mejoras salariales, es un atropello irracional.


El movimiento de fuerza de Neuquén ha superado con creces los abusos y desbordes del piqueterismo inconsciente al transformarse en un problema nacional, afectar a la sanidad que dicen defender, enfrentarse con otros sindicatos perjudicados, y hasta generar un conflicto internacional al impedir el paso de camiones chilenos, con una réplica impensada: el bloqueo del cruce obligado por Chile para llegar a Tierra del Fuego. Grave réplica de camioneros trasandinos con implicancias diplomáticas.


Se suma la amenaza de un enfrentamiento grave de otros sindicatos, como petroleros y camioneros, que movilizarían a 30.000 trabajadores para "darle una lección" a los piqueteros de cómo resolver un conflicto y liberar por la fuerza a la docena de cortes. Y sabemos cómo actúan estos gremios por la contundencia de sus acciones, aun contra otros trabajadores.


Las pérdidas económicas son inmensas a partir de la paralización de Vaca Muerta de unos 12 millones de dólares diarios por costos improductivos, ya que los equipos deben seguir en mantenimiento, y la propia Neuquén pierde 9 millones diarios en regalías. La caída de la producción se cuenta en 10.000 barriles de crudo y 3,5 metros cúbicos de gas diarios, esto último con el agravante de tener que importar el fluido para la generación eléctrica por 13 millones de dólares por día.


Por este paro intempestivo nada volverá a la normalidad de un día para otro, de manera que la producción ociosa en el principal yacimiento argentino demandará varios meses en recuperarse dada la escasa disponibilidad local de equipos de fractura y servicios asociados. Y el denominado Plan Gas del Gobierno nacional no podría cumplir su cometido en el próximo invierno.


Nadie puede negar que el sector de la salud debe tener una remuneración y condiciones de trabajo acordes con la emergencia sanitaria que se vive, pero no hay un reclamo sensato que se proyecte indefinidamente para que impacte en la producción y el transporte repercutiendo en todo el país y roce a Chile.