Ha generado polémica la extralimitación de las funciones del intendente municipal de Valle Fértil al dictar una medida administrativa que exige la vacunación contra el coronavirus al personal de las plantas permanente, política, y transitoria, agentes contratados, becarios y beneficiarios de programas nacionales y provinciales, además de algunos permisos solicitados por particulares a esa comuna. No existen antecedentes en el país de una exigencia extemporánea de esta magnitud desde la declaración de la pandemia.
El decreto de Omar Ortiz es arbitrario al desconocer derechos y garantías constitucionales y los decretos nacionales y provinciales con las medidas dispuestas para atender la emergencia sanitaria, en particular lo atinente a los programas de vacunación contra el covid-19. De manera que si el jefe comunal hubiese pedido una opinión a algún letrado, más allá de consultar al Concejo Deliberante para avanzar con una ordenanza, se hubiese enterado de la ilegalidad de su iniciativa.
Tampoco siguió las recomendaciones del Comité Covid, que maneja todo lo atinente a la enfermedad en nuestra provincia y para colmo al ser consultado por la prensa sobre el despropósito normativo, redobló la apuesta con el convencimiento de que su idea era correcta. Sin duda el fin del decreto fue frenar los contagios en el departamento con mayores casos, pero para ello están las autoridades sanitarias.
Además Ortiz tiene otros recursos para resguardar al personal no vacunado, no por decisión personal sino porque todavía falta mucho para completar las coberturas con la primera y segunda dosis a fin de alcanzar la inmunidad de rebaño. Y quienes decidieron no vacunarse por razones personales y son empleados municipales pueden desempañarse de manera virtual o en otras funciones donde el riesgo de contagio sea menor. Debió recordar, además, que la vacunación no es obligatoria, aunque las autoridades la aconsejan para salvar vidas.
El exabrupto normativo vallisto está lejos de la alternativa que estudian las autoridades provinciales para resguardar la salud sin transgredir los derechos y garantías constitucionales. Según el vicegobernador Roberto Gattoni el Gobierno podría inclinarse por una especie de "carnet sanitario" sin ser excluyente, para que otorgue mayores facilidades a quien esté vacunado y respetando la decisión de quien no desea la inoculación. Será una opción personal sin cercenar las libertades consagradas por normas básicas del Estado de derecho.