Una investigación periodística de este diario, vinculada a las denuncias y operativos realizados, en lo que va de este año, ante la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente, arrojó datos preocupantes en relación a la caza ilegal de aves, un negocio que no sólo es millonario, sino que atenta contra la preservación de varias especies actualmente en peligro de extinción o que están en un estado vulnerable.
Se sabe que el ejemplar que más se caza en nuestra provincia es el benteveo, actualmente en la categoría de "vulnerable", lo que debería obligar a las autoridades a tomar extremas medidas para evitar la proliferación de un negocio que anualmente mueve más de 5 millones de pesos.
Un benteveo macho, "llamador", se comercializa actualmente en unos 4.000 pesos, lo que ha provocado que muchas personas estén saliendo al campo para cazarlo. Algo parecido ocurre con otras especies, entre ellas el cardenal amarillo, que es una de las aves en peligro de extinción.
Es considerable el daño ecológico que esta práctica ocasiona, ya que se atenta contra ejemplares viejos y nuevos sin distinción, interrumpiendo el proceso de crecimiento y desarrollo que las aves necesitan en su ámbito natural.
De enero hasta la fecha, mucha gente ha colaborado denunciando la presencia de cazadores furtivos, como también lugares de venta de las aves. Esto posibilitó a la Secretaría de Medio Ambiente labrar 180 actas de infracción a personas que tenían en su poder benteveos, diucas, jilgueros, chamuchina, reina mora y cardenales copete colorado y amarillo, entre otros ejemplares silvestres. En esos operativos se lograron rescatar un total de 256 aves, aunque existe plena conciencia que ese número representa tan sólo el 10% de todas las especies cazadas en el ámbito provincial.
Uno de los problemas que existen para desalentar esta práctica, que muchos han adoptado como un modo de ganarse la vida, es la poca dureza de las penas, con multas que van entre los 2.000 y 10.000 pesos. Se trata de un monto ínfimo, si tenemos en cuenta el precio al que se comercializa una sola ave, y las grandes posibilidades que tienen los cazadores de realizar su actividad en una geografía muy amplia, en la que se hace difícil detectarlos con sus trampas.
Medio Ambiente deberá intensificar y mejorar sus sistemas de control, como también identificar a los cazadores furtivos, por tratarse de un delito contra la fauna autóctona, contemplado en el Código de Faltas. Además de un mayor monto de las multas, la condena social también es importante como forma de promover el desaliento de una práctica que provoca un gran daño ambiental.