El 10 de diciembre último se conmemoró en la Argentina el Día de la Restauración de la Democracia, en coincidencia con la asunción del presidente Raúl Alfonsín en 1983, tras siete años de dictadura militar, y el marco multitudinario de la celebración oficial no ponía dudas acerca de la defensa del Estado de derecho que nos rige. Sin embargo un sector duro del propio oficialismo está fogoneando una embestida insólita a la división de poderes, avalada por el propio presidente de la República.

Lo que parecía un exabrupto del polémico piquetero Luis D'Elía y de sindicatos de izquierda afines al kirchnerismo, de organizar una marcha y manifestación el próximo 1 de febrero frente al Palacio de Tribunales con el propósito de "echar" a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ha ido creciendo en virulencia y adhesiones de suma gravedad institucional.

Primero fue el beneplácito expresado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y de su segundo Juan Martín Mena, por la idea del final del "lawfare" (uso de procesos legales para inmovilizar políticamente) y luego se sumó al ataque el presidente Alberto Fernández, avalando a las palabras del patotero D'Elía cuando dijo que "con el pueblo en la calle se echará a esta Corte miserable".

El apoyo oficial va mucho más allá del rencor circunstancial por no poder torcer la mano a la Corte, en particular para desactivar los procesos por corrupción que pesan sobre la vicepresidenta, o de la activista Milagro Salas, mencionada por el Presidente buscando impunidad. Todo esto es una afrenta inconcebible a la Constitución Nacional en su artículo 109.

Como sostienen juristas y entidades del derecho en diferentes pronunciamientos contra la denominada Marcha K, está clara una intencionalidad maliciosa y sesgada sobre la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes republicanos que interpreta a su manera el oficialismo gobernante.

Es lamentable que Fernández, como hombre del derecho, lamente que los ministros de la Corte no se elijan mediante el voto mayoritario de la ciudadanía, un pensamiento absurdo precisamente porque el Poder Judicial es un órgano contramayoritario para cumplir con el control de los poderes políticos en el sistema representativo, republicano y federal que nos gobierna desde 1853.

Las autoridades nacionales y en particular el kirchnerismo están a tiempo para disuadir este golpe que se prepara contra la democracia, propio de un autoritarismo prepotente que busca impunidad para quienes se encuentran procesados por delitos de corrupción con pruebas irrefutables.