La inversión de la multinacional argentina Mercado Libre en la construcción de un centro de acopio y distribución de mercaderías en el Mercado Central de Buenos Aires, provocó la furia de Hugo Moyano porque esa empresa ignoró al sindicato de Camioneros al firmar un convenio salarial con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, un gremio creado en 1947, que agrupa al personal de esa actividad.


El proyecto de logística de última generación, con una inversión de 71 millones de dólares en una planta que llegará a los 65.000 metros cuadrados, es único en el país por su magnitud, aunque en esta primera etapa cuenta con sólo 80 empleados que llegarán a centenares cuando la firma alcance su mayor potencial.


Si bien el acuerdo del empleador con el sindicato del área está homologado por el Ministerio de Trabajo, y parece un absurdo que el exlíder de la CGT pretenda captar afiliados donde nadie conduce camiones porque es una actividad a puertas cerradas, el conflicto tiene un punto de partida político con una especulación también vinculada a la política.


El avance de Camioneros para arrebatar afiliaciones a otras organizaciones sindicales comenzó con un pacto entre Hugo Moyano y Néstor Kirchner a poco de asumir la presidencia. El incipiente kirchnerismo no quería conflictos laborales y a cambio convalidó la reforma estatutaria de la Federación de Camioneros agregando la palabra "logística'', en 2003. Desde entonces Moyano exigió empadronar a su favor no sólo a los choferes de vehículos de carga, sino también al personal de carga y descarga y quienes cumplen diferentes tareas en los depósitos.


Las amenazas de los camioneros a Mercado Libre contienen especulaciones rodeadas de sospechas de una mano política que golpearía al negocio del correo postal privado. El gremio combativo cree que podría ser el primer paso para el traspaso de OCA , la quebrada empresa que Moyano consideró como propia, donde trabajan 7.000 empleados de los cuales 6.300 son afiliados a camioneros.


El megaproyecto de Mercado Libre se potenciaría con la situación de OCA y la eventual pérdida de puestos de trabajo, arrastrando también al resto de las empresas postales, según las elucubraciones del moyanismo que ya declaró un paro contra el Gobierno, mientras estructura un conflicto mayor por el supuesto derecho del sector para apropiarse de toda la logística.