En la medida en que avanza la iniciativa de implementar el "impuesto a las grandes fortunas" que el oficialismo prevé para sobrellevar los gastos que ocasiona la lucha contra el Covid-19, surgen algunas otras alternativas para que esa contribución no se convierta en un antecedente de presión fiscal, que termine siendo permanente a pesar de que se diga que es por "única vez", y sea un aporte solidario de parte de todos los sectores de la sociedad que estén en condiciones de retribuir al Gobierno todo el esfuerzo que está haciendo.


La propuesta impositiva surgió de la jefatura del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos que comanda Máximo Kirchner, y recibió el apoyo del presidente Alberto Fernández para que se continúe con las tratativas en el ámbito legislativo, donde los bloques opositores no estarían de acuerdo con el nuevo impuesto.


De acuerdo a lo previsto, los patrimonios que serían objeto de la carga impositiva serían aquellos que superan los U$S 3.000.000, tomando el dólar a valor oficial. Se calcula que en todo el país hay unas 12.000 personas que reúnen esa suma o más, sin contar los patrimonios empresariales, por lo que este impuesto extraordinario podría generar un ingreso superior a los 3.000 millones de dólares.


Pero hay otras características a tener en cuenta, el impuesto sería progresivo y dividiría a los contribuyentes en tramos. Un porcentaje a definir deberían pagar quienes tienen un patrimonio de U$S 3 a 5 millones; otro diferente sería los de U$S 5 a 10 millones, y así sucesivamente de U$S 10 a 50 millones; U$S 50 a 100 millones y de U$S de 100 a 500 millones. 


Se conoce que en otros países del mundo también se están debatiendo propuestas similares, pero hasta ahora en ninguno de ellos se ha implementado una medida de este carácter, que implique un aumento de la carga impositiva, precisamente sobre un sector que puede contribuir de otra forma con el país, por ejemplo realizando inversiones que generen fuentes de trabajo. 


Entre las consideraciones negativas que enmarcan a la iniciativa, está la de imponer que un sector determinado de la vida nacional contribuya coercitivamente con los gastos ocasionados por la lucha contra el coronavirus, mientras que el Estado es muy poco lo que hace para bajar el gasto público, manteniendo estructuras y funciones que no redundan mayores beneficios. El Estado nacional no puede seguir gastando lo que no tiene y creando nuevos impuestos para financiarse, en momentos que hay sectores de la sociedad, entre los que se incluyen empresas de primer nivel y organizaciones que reúnen a los principales motores de la producción del país, que podrían aportar fondos sin necesidad de que esto implique una obligación tributaria.