El rechazo de la Argentina al pedido formulado desde Brasil, de dar inmunidad penal y civil a ejecutivos arrepentidos en el caso "Lava Jato", a cambio de que colaboren en una investigación vinculada a coimas en nuestro país, es una medida que se ajusta en todos sus términos a lo que establecen los acuerdos internacionales suscritos oportunamente. Vía cancillería, el juez federal Sebastián Ramos, hizo llega una nota al Ministerio de Justicia de Brasil en la que señala que las condiciones impuestas para que los condenados arrepentidos no tengan aquí causas penales, ni civiles, ni actuaciones administrativas "son de imposible cumplimiento".

El caso testigo que luego puede llegar a repetirse en el resto de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país por coimas confesadas en Brasil, corresponde a ejecutivos de Petrobras por el supuesto pago de coimas al exministro Julio de Vido para direccionar la venta de la distribuidora eléctrica Transener, en beneficio de una empresa ligada al kirchnerismo como es Electroingeniería.

De ninguna forma se puede llegar a admitir el condicionamiento de la entrega de información a una garantía de inmunidad para los informantes, porque las leyes argentinas no lo contemplan. En base a esto es de esperar que los otros jueces que investigan causas vinculadas a presuntos casos de corrupción, como el de la constructora Odebrecht, que confesó haber pagado 35 millones en coimas en nuestro país, tomen la misma posición del juez Ramos.

Además del caso Obedrecht, que es uno de los principales, está la causa por el pago de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento; el pago de coimas para construir plantas potabilizadoras de AySA y por la ampliación de gasoductos con sobreprecios.

Pese a que la inmunidad penal y civil de los arrepentidos es inviable, el juez Ramos ha pedido evaluar otras alternativas de cooperación, como para evitar que los valiosos testimonios no dejen de ser utilizados en las investigaciones en marcha.

La inmunidad pretendida coloca a los ejecutivos corruptos en una posición de privilegio que puede llegar a ser injusta en todo este proceso, además de exceder los compromisos asumidos por nuestro país en los acuerdos internacionales, es decir promover que la Argentina actúe fuera de las normas legales establecidas.

Lo que puede hacer la Justicia federal es utilizar la eventual información únicamente en la causa específica asegurando a los arrepentidos brasileños que no serán investigados por los mismos delitos por los que fueron condenados en Brasil. Esta imposibilidad de doble imputación, sí está contemplada en acuerdos binacionales y es una salida a lo que pide Brasil.