Momentos de tensión política se viven en Paraguay, donde el viernes último una facción representada por 25 senadores, de los 45 en total, aprobaron a puertas cerradas una polémica enmienda constitucional que introduce la reelección presidencial. Esta actitud fue considerada como un avasallamiento a la Constitución Nacional, que había sido sancionada en 1992 después de que el pueblo paraguayo padeciera la dictadura de Stroessner, generando un enérgico repudio que incluyó la toma del edificio del Congreso, un incendio de un sector de las instalaciones y la muerte de un joven manifestante.

La enmienda fue calificada como ilegal por opositores al proyecto, al considerar que solamente busca la forma de permitir que el presidente Raúl Cartes se presente a un nuevo período, en las próximas elecciones de abril de 2018. La modificación también permitiría la reelección del vicepresidente y de los gobernadores y beneficiaría al expresidente de la Nación Fernando Lugo, integrante del Frente Guasú, quien tendría la chance de presentarse, a pesar que hasta ahora no estaba habilitado para volver a hacerlo.
La reacción de la gente sin duda fue desmedida, pero esto pudo haberse evitado si el Senado hubiese actuado en una forma más decorosa. La maniobra fue advertida por los ciudadanos y reaccionaron en consecuencia, generando los tumultos cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Pese a todos los reclamos y las acciones judiciales iniciadas para intentar detener lo que ha sido calificado por los opositores como un "golpe de Estado'' de los senadores, la decisión final le corresponderá a los 80 diputados de la Cámara baja que se reunirán el viernes próximo. De ese total 44 diputados pertenecen al Partido Colorado, por lo que existen muchas posibilidades que la posición oficial triunfe. De ser así la Justicia Electoral llamaría a un referendo cuyo resultado determinaría si se acepta o no la enmienda.

Se impone en Paraguay la necesidad de actuar con mesura en base a los valores democráticos, para evitar la reacción de la ciudadanía. Por más que el manejo de la mecánica legislativa posibilite determinados resultados, hay que hacer prevalecer el sentido común de las mayorías que se oponen a este tipo de maniobras y que no estarán dispuestas a apoyarlas de ninguna manera.