En un país donde no estamos muy acostumbrados al diálogo para solucionar los problemas coyunturales, no sorprende que un sector vinculado al transporte de cargas implemente medidas de fuerza en reclamo de una mejora económica en el pago de los fletes. Los denominados Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA), que no responde al gremio que conduce Hugo Moyano, se han convertidos en estos días en un grupo de choque que con inusitada violencia impide el acceso de camiones a las principales plantas agroindustriales y puertos de la Argentina, afectando el normal desenvolvimiento de la actividad exportadora del país. De persistir la situación se verá reflejada próximamente en una disminución en el ingreso de divisas, en detrimento de la economía.

Esta acción de fuerza se está cumpliendo desde finales de la semana pasada, cuando los camiones autoconvocados comenzaron a parar a sus pares en los accesos a los principales puertos graneros. En un principio se trató de un simple bloqueo de ruta, exclusivamente para los camiones graneros, pero luego la medida se intensificó hasta llegar a los actos de agresión que, en algunos casos, determinó ataques vandálicos a los camiones y el derrame de los granos a orillas de las rutas.

En cada caso, reinó la irracionalidad ya que no sólo se atentó contra la libertad de circular por la vía pública, sino que también se atentó contra la propiedad privada, representada por los camiones propiedad de cada chofer y por los granos pertenecientes a empresas productoras o exportadoras, que seguramente iniciarán planteos judiciales por el avasallamiento.

Este reclamo se originó en relación a que productores o acopiadores de granos de todo el país no están cumpliendo con las tarifas orientativas vigentes, un tema que podría haber sido discutido hasta sus últimas consecuencias, sin llegar al extremo de perjudicar a la larga cadena que interviene en la producción de granos.

La estrategia de los camioneros pasa por evitar las descargas en los puertos del Gran Rosario, por donde se exporta el 80% de la cosecha del país. También se ven afectados los puertos de Bahía Blanca, Necochea y Neuquén.

Ellos conocen la presión que están ejerciendo y aunque quieran hacer parecer que el reclamo es justo, el método empleado, como también la agresividad aplicada, hacen que se esté frente a otro apriete propio de grupos sindicalizados que actúan con impunidad y una falta de respeto total.