Durante gran parte de la gestión de gobierno que está a punto de finalizar, la reducción del gasto público fue un tema recurrente, especialmente en ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de los avances destinados a reducir el número de ministerios del Gabinete nacional y el drástico recorte de algunos gastos como pasajes de avión, teléfonos celulares y movilidades, ajustes que no se concretaron en la medida de lo esperado, la administración continuó sobredimensionada, burocrática y poco eficiente, por lo que esta nueva gestión, que comenzará en unos días más, tendrá la tarea de seguir trabajando en ese sentido.

La estructura laboral del país tiene desde hace tiempo una conformación que no es la ideal, ya que se calcula que el 18% de la fuerza de trabajo está empleada en el Estado. Esto, lógicamente, no es exclusivo de la administración central del Gobierno nacional, sino que también está alentado por los gobiernos provinciales y municipales que han hecho del empleo público una forma de reducir los elevados índices de desempleo que se registran en algunas jurisdicciones.

La reducción ministerial dispuesta por el Presidente Macri en 2018, tuvo como objetivo ofrecer a la sociedad un ejemplo de austeridad, en medio del aumento de tarifas y políticas de ajuste que afectaron los niveles de ingreso de jubilado y trabajadores. Pero estas medidas lejos estuvieron de solucionar el problema que genera un Estado que gasta más de lo que recauda.

Se calcula que la planta de personal de la administración pública del Gobierno nacional suma 740.000 empleados, entre permanentes y contratados, con casi 3.000 funcionarios pertenecientes a los ministerios en que quedó reducido el Gabinete nacional del gobierno saliente.

Si bien la historia habla de que el gasto público ya era considerable en 1950, cuando el Estado nacional empleaba dos veces y media más de personal que el conjunto de las provincias, hoy las proporciones se han invertido y las provincias triplican a la Nación. Esto hace que haya 8 empleados estatales por cada 10 trabajadores.

Se sabe que un recorte drástico en la planta de personal tendría consecuencias catastróficas, pero en algún momento el Gobierno nacional, como también los provinciales y municipales deberán comenzar por promover un achique basado en el congelamiento estricto de vacantes, la suspensión de contratos que luego pasan a planta permanente como también de cargos políticos innecesarios y que generan privilegios.