La avalancha de argentinos que va de compra a países vecinos, atraída por los bajos precios, encontró productos de nuestra industria nacional muy por debajo de lo que aquí pagamos y esto se explica en la carga fiscal que soportamos. El caso de Chile se entiende porque allí existe un IVA menor y no hay imposiciones regresivas como Ingresos Brutos o el llamado "impuesto al cheque". 

A estas cargas se le suman en Argentina las contribuciones municipales y provinciales, muchas veces superpuestas, más los costos laborales que llegan al bolsillo del consumidor de manera onerosa. Y si comparamos las góndolas chilenas con las nuestras, también se refleja en la oferta el aperturismo económico trasandino frente al proteccionismo criollo. 

Es un problema de competitividad y por eso la Argentina pierde terreno exportador por los costos internos. Para revertir este castigo fiscal promovido por décadas para sostener políticas prebendarias, el Ejecutivo proyecta una reforma tributaria difícil de imponer frente al déficit fiscal. Pero es una decisión tomada según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expresada como una promesa a la Unión Industrial, a la Sociedad Rural, los metalúrgicos y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). 

El principal tributo que golpea a la industria argentina es Ingresos Brutos, porque tiene un efecto en cascada extremadamente distorsivo. Por ejemplo, en la aplicación de un 1,8%, en toda la cadena productora suma una presión de casi el 10% y ese impacto fiscal llega en los alimentos al 40,3% si se agregan las tasas municipales e impuestos provinciales y nacionales. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que la gente gasta en alimentos unos 40 pesos son impuestos, de acuerdo a las cifras del sector. 

La pesada carga tributaria y los costos laborales no salariales atentan contra la competitividad en rubros como alimentos y bebidas, en especial de las pymes y economías regionales, según el planteo de Copal. Por eso, para volver a crecer, urgen las reformas anunciadas para lograr una competitividad que tendría como respuesta más de un millón de puestos de trabajo en cinco años en el sector agropecuario, como prevé la Sociedad Rural.