Una "ronda de diálogo", destinada a buscar la actualización que piden sectores sociales del régimen penal juvenil, ha comenzado por iniciativa del Gobierno nacional, donde el último punto a tratar será el controvertido tema de la baja de la imputabilidad de los menores.

Según el ministro de Justicia, Germán Garavano, el mensaje que se quiere dar desde ese ámbito es que más allá de la edad o de las circunstancias, violar la ley tiene consecuencias y daña a la sociedad, sobre todo si los que delinquen son los jóvenes.

Para el funcionario se está ante un problema de valores y es clave que un chico que comete un delito sepa que daña a todos, de acuerdo al planteo formulado en esta reunión preliminar con magistrados, representantes de distintas jurisdicciones, ONG, académicos y miembros de Unicef.

Acordaron que a partir de febrero habrá un programa de trabajo con ocho mesas donde se abordarán aspectos de prevención, sanciones, medidas alternativas de encierro y justicia restaurativa, para terminar con la discusión de la imputabilidad, donde se propondrá bajar de 16 a 14 años la edad para castigar delitos.

La intención de actualizar el sistema punitivo es positivo porque lo reclama la ciudadanía, pero sin que se vulneren los derechos de la minoridad.

Lo mejor es avanzar mediante un diálogo amplio de manera de consensuar soluciones para dar a la Justicia la herramienta adecuada. Incluso este debate debería extenderse a las provincias dentro de un marco democrático.

La Iglesia ha señalado sus cuestionamientos al proyecto oficial porque lo ve como una respuesta a hechos delictivos de trascendencia mediática, con aumento de penas para ciertos delitos y una clara intención electoral, según los obispos.

Y ponen de manifiesto que el proyecto no garantiza el cumplimiento de lo establecido por el sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en aspectos económicos, sociales y culturales a fin de garantizar alimentación, salud, educación, vivienda y familia.

Pero también las modificaciones legales deben compatibilizarse con la normativa internacional incorporada a la Constitución Nacional, y legislaciones provinciales que garantizan derechos a niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal.