El sentido común no es una ley escrita pero es el primero en reaccionar frente a las impericias humanas, más de los políticos, y el torrente de críticas plasmado en las redes sociales obligó al Gobierno nacional a dejar sin efecto la creación de la Unidad de Resiliencia Argentina, una nueva dependencia de la Jefatura de Gabinete, anunciada 24 horas antes.
La incompatibilidad lógica de ampliar la superestructura del Estado en momentos que se debate el acuerdo con el FMI, cuyo punto central es precisamente un ajuste para achicar el gasto público, está fuera de todo comentario. Más si el fin del nuevo organismo era cambiarle la cara a la sociedad argentina, estresada por el traumático manejo oficial de la pandemia, y una crisis económica caracterizada por la inoperancia en resolverla, reflejada en la inflación, carencias y restricciones generalizadas.
Según el concepto psicológico, la resiliencia o entereza, es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. También se define como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones que la someten, y el interrogante es cómo haría la nueva dependencia para que la gente viva contenta con privaciones, castigo fiscal y pobreza crónica.
Esto ya lo experimentó Venezuela cuando con Hugo Chávez creó el "Viceministerio de la Suprema Felicidad", detonante del éxodo de millones de personas. Es que la felicidad del pueblo es una consecuencia de las políticas que lo benefician, no del diseño de un programa para generalizar una suerte de conformismo colectivo ante el desastre de una gestión gubernamental.
Pero al margen del humor social que buscaba mejorar el Gobierno con la nueva repartición, mantener operativa a una estructura que desarrollaría amplias funciones atendiendo su objetivo a nivel nacional, provincial, municipal y con organizaciones comunitarias, era una insensatez en medio de una crisis sin precedentes.
Los enunciados del decreto indicaban todo lo contrario, cuando se sabe que una nueva dependencia estatal suma más personal administrativo, espacio físico, y servicios burocráticos. En este caso se sumaba a la asistencia técnica una biblioteca virtual para la recepción, sistematización, puesta a disposición y circulación de experiencias y desarrollos teórico-prácticos sobre resiliencia provenientes de esferas públicas, privadas y ONG nacional e internacional.
Nunca se sabrá cuánto costaría este despilfarro y hay que felicitar al Gobierno por frenarlo a tiempo.
