Los ocho meses de prisión en suspenso con que fueron condenados el miércoles último los 13 jóvenes que violaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, al participar de una fiesta clandestina en Caucete, es una pena implementada por el fuero de flagrancia que no ha logrado satisfacer a todos por considerarla insuficiente para sancionar un acto de desobediencia social que pudo haber llegado a tener serias consecuencias al estar vinculado con la propagación de contagios de Covid-19. Aunque hay algunos sectores de la sociedad que están conformes, ya que es la primera vez que se aplica una condena a una transgresión que hasta ahora sólo daba lugar a un juicio a prueba denominado "probation", que evita el encarcelamiento a cambio del cumplimiento de alguna labor social o ayuda comunitaria, que posibilita la desaparición de los expedientes al cumplirse la pena.

Por su parte, la prisión en suspenso o condena condicional, impuesta en esta ocasión, permite al juez -cuando se trata de la primera vez-, condenar sin detener a los transgresores, obligándolos a cumplir una serie de normas establecidas oportunamente, como no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes y cumplir con todo lo dispuesto por el Gobierno provincial para no recaer en la figura de desobediencia judicial, que sí obligaría a detenerlo.

En este caso los jóvenes juzgados y condenados son trece, aunque sólo doce recibieron el dictamen correspondiente, al figurar un menor de edad involucrado en la reunión clandestina que pudo ser desbaratada por la policía, gracias a una denuncia recibida por parte de los vecinos, quienes dijeron que habían observado un descomunal movimiento de vehículos en la noche del 20 de agosto, poco antes de que Caucete se convirtiera en uno de los mayores focos de contagio del nuevo coronavirus.

El proceso judicial se llevó a cabo a través del sistema de video conferencia en el Salón Cultural de Caucete, hasta donde habían sido trasladados los imputados. Desde la ciudad de San Juan los magistrados condujeron el proceso que terminó con la condena del grupo.

Este primer juicio de flagrancia realizado en Caucete, en el marco de la pandemia por el Covid-19, es un importante antecedente más allá de que los meses de prisión en suspenso no sean lo que la mayoría de la gente pretendía. Sanciones más duras desalentarían cualquier intento de repetir este comportamiento reñido con las normas de conducta y seguridad que deberían prevalecer en estos momentos.