Los 15 años que han pasado desde el comienzo del segundo mandato de Daniel Ortega en Nicaragua, han convertido el país en una cárcel y en una máquina de expulsar disidentes políticos. El reciente despojo de la nacionalidad de más de 300 ciudadanos por orden de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, conmociona a las democracias de todo el mundo. Sin embargo, algunos países latinoamericanos como Argentina no se han expresado contra estas medidas dictatoriales. El presidente Alberto Fernández sostuvo en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) realizada hace poco más de un mes en Buenos Aires, que todos los países que estaban allí representados, incluidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, "han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes". No obstante, Argentina apoyó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución presentada por Antigua y Barbuda (uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe) y acompañada por Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay, que condenó la persecución religiosa y la censura a la prensa ejercida por el dictador nicaragüense.
Entre los detenidos más notables figura monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, con una voz muy crítica desde la cabeza de la iglesia de Nicaragua. Fue condenado a la expulsión del país, pero al negarse a salir de Managua, capital del país, el régimen de Ortega le aplicó una condena de 26 años de prisión por el mismo argumento que a los demás, de "traición a la patria". El gobierno suspendió además las actividades de 100 organizaciones sin fines de lucro en el país, la mayoría de ellas ONGs de carácter católico y evangélico.
En todos los casos se confirma que los detenidos y expatriados por ejercer sus derechos ciudadanos no tuvieron derecho a la defensa, fueron víctimas de maltratos y torturas documentadas por Naciones Unidas y organizaciones civiles.
Estas medidas represivas comenzaron tras las protestas populares de año 2018 y en los meses previos a las elecciones de 2021. A su vez, ya en junio de 2022 Michelle Bachelet, la chilena Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había confirmado en un documento "que se continúan perpetrando detenciones arbitrarias y los detenidos se encuentran en condiciones deplorables".
Hay que subrayar que son varios los referentes de la literatura de ese país perseguidos y expulsados, como Sergio Ramírez, Gioconda Belli, o José Adiak Montoya entre otros. En ese ámbito vale recordar a otro gran hijo de este país, Rubén Darío, el escritor más reconocido de la literatura hispanoamericana, fallecido en 1916 y considerado "Padre del Modernismo", quien enarboló fervorosamente dentro y fuera de Nicaragua las banderas de la libertad, la justicia y la democracia. Si hoy estuviera vivo, según el panorama actual y por la inolvidable proclama de sus ideas, ya habría sido condenado a prisión o desterrado del país.