El robo de teléfonos celulares en todo el país se planteaba como parte de la inseguridad que azota a los argentinos y este delito, por lo habitual, había ingresado en la absoluta impunidad. Las víctimas de las sustracciones directamente no hacían la denuncia policial para recuperar el aparato ya que lo consideraban perdido irremediablemente. Parece que esta práctica delictiva común puede cesar en breve.


El Plan Nacional de Conectividad que busca instalar un servicio de comunicaciones rápido y seguro en todo el territorio nacional, puso en marcha el martes último la segunda etapa del sistema que apunta a garantizar al usuario la legitimidad de los móviles y disuadir a los delincuentes porque ya no será posible reactivarlos.


Para tal fin se dispone ahora de una base de datos de IMEI (sigla en inglés de International Mobile Station Equipment Identity) conteniendo los números de los aparatos denunciados como robados o extraviados, a la vez que se ampliarán los registros sumando a los adulterados o falsificados. De ahora en más el delito se puede denunciar con la seguridad de que nadie podrá reactivar el teléfono sustraído y así no tendrá una oferta clandestina.


Era necesaria una medida como los datos de IMEI para frenar el robo de unos 5.000 teléfonos diarios en la vía pública porteña y varios centenares en las provincias, con la modalidad de arrebato violento, o de manera sutil en medios de transporte público y concentración de personas. Los ancianos, las mujeres y los chicos vienen sufriendo como víctimas preferidas. La maniobra delictiva da lugar a la proliferación del mercado negro de celulares que mueve más de 200 millones de pesos mensuales.


El paso que han dado las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) da respuesta a la población que requería la adopción de medidas concretas para proteger los celulares que ya duplican en número a la cantidad de habitantes del país. Y con proyecciones futuras, si se tiene en cuenta que en muchas naciones se van reemplazando las líneas telefónicas fijas por las móviles.


En este contexto cabe la responsabilidad de los usuarios para denunciar de inmediato la pérdida o robo de su celular, o bien si han cambiado el equipo, de manera de registrar los datos del titular e impedir de este modo que el problema continúe. De la disciplina y la rapidez con que actúe la víctima dependerá la disuasión del ladrón que a la vez nutre a los reducidores y de esta manera se completa un enorme circuito delictivo.