La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo dependiente de las Naciones Unidas, ha recomendado al Gobierno argentino que modifique la ley de drogas con la intención de no castigar el consumo personal.

La sugerencia de la dependencia de la ONU responde a un estudio sobre drogadicción que realiza anualmente en diferentes países, uno de ellos la Argentina, para evaluar la situación del narcotráfico y el consumo.

En el caso de nuestro país, el tema fue analizado en 2016 y como conclusión aconseja a las autoridades buscar adaptar la legislación actual al denominado "fallo Arriola", dictado por la Corte Suprema de Justicia hace más de siete años.

Se trata de una situación que en 2009 el Tribunal de la nación consideró inconstitucional al haberse aplicado una pena a dos jóvenes detenidos en la vía pública portando sólo dos cigarrillos de marihuana.

Desde ese punto de vista, la posición de la Junta Internacional es inobjetable porque la tenencia de droga para consumo personal es una consecuencia del último eslabón de la cadena de comercialización de estupefacientes.

Primero se debe apuntar a las organizaciones delictivas que introducen o elaboran drogas peligrosas y luego seguir con las diferentes etapas de distribución y venta, para recién enfocar al adicto.

Según estadísticas de universidades privadas, el consumo se triplicó en los últimos años en el país y ante el flagelo el Gobierno nacional ha decretado la emergencia en adicciones, una política que parte de la prioridad de frenar a los narcos y desarrollar programas específicos para rehabilitar al adicto, ampliando los espectros terapéuticos.

El abordaje preventivo del problema es fundamental para cortar la cadena, ya que la prevención genera buenos resultados a largo plazo.

Es decir, con respecto al narcotráfico, la Argentina afronta problemas mucho más graves con la droga y sus consecuencias sociales, ya que detrás de un fabuloso negocio hay muertes, violencia y destrucción familiar. No obstante, es la oportunidad de discutir con la ONU esta realidad social para que una vez levantado el estado de emergencia se estudie una eventual despenalización de la tenencia de drogas, adecuando las normas en vigor.