Existe una porción de fenómenos predecibles, los propios del mundo físico. Pero los pronósticos se suelen desdibujar en vaguedades fútiles cuando se trata de asuntos humanos. Una vez en marcha, toman vuelo propio, interactuando con múltiples factores de la realidad. Es por ello que el futuro se muestra siempre inasequible y mezquino en mostrar sus cartas, dada la enorme complejidad de tales acciones recíprocas. Por esto mismo, no se cumple una forzosa linealidad entre las intenciones conque se toman decisiones y sus efectos. Dicha situación, mayormente omitida, es la que convierte en un arte tan intrincado a la conducción de un Estado. Cada decisión exige un delicadísimo estudio y análisis, en escrutinio de todo posible efecto. Es que no sólo pueden ser imprevistas las consecuencias, sino inclusive adversas. Puede tomarse como ejemplo el caso de la "Ley Seca" de Estados Unidos (1920), cuyo propósito fue evitar el consumo de alcohol. Su aplicación tuvo derivaciones aciagas, se consumió alcohol clandestino que provocó miles de muertes, se destruyeron industrias y, con los vastos recursos del contrabando de bebidas, se consolidó poderosamente la mafia.

En 2020 se vota una Ley de Alquileres en Argentina, con cómodas mayorías a favor en su tránsito legislativo. Pero al poco andar se evidenciaron efectos nocivos en quienes debían ser beneficiados. En esta legislación se aplicó el principio del Estado interventor, arraigado en la política nacional. En la mayoría de las naciones del mundo, e inclusive en la Argentina de otros calendarios, los tratos entre particulares han sido siempre materia privada. Se parte de la presunción de que los interesados van a alcanzar un acuerdo mutuamente conveniente. Pero esta Ley de Alquileres ha causado aumentos anuales de más del 180%, superando la inflación. Se estipuló un sistema de actualización de montos que ha perjudicado a todos. La disponibilidad de inmuebles para alquiler ha caído aproximadamente un 45%, abriendo así una paradoja, visto que también descendió la cantidad de personas que pueden afrontar un alquiler, más allá de toda necesidad. Citando el caso de los monoambientes, saltaron desde alrededor de $30.000 a unos $90.000; y mucho más arriba se encuentran las unidades de 3 dormitorios, como las necesarias para una familia tipo. El ingreso promedio del argentino no estaría cubriendo siquiera la vivienda. Gobierno y oposiciones no han podido sustraerse a los efectos de la intervención estatal en los alquileres, pero las urgencias de la política no parecen estar coincidiendo con las de miles de ciudadanos inquilinos. A las consecuencias de esta desafortunada ley se suma, entonces, la incertidumbre, hasta que se logre dilucidar con qué instrumento la llegarían a reemplazar. Pero todo indica que se trataría de otra ley; es decir, el Estado seguiría interviniendo entre particulares con los costos, la burocracia y las angustias que se han hecho tan evidentes en este caso. Las intenciones no bastan para configurar una realidad.