La posibilidad de ser integrante del Consejo de la Magistratura sin ser abogado se presenta en colisión con el espíritu constitucional y con las propias funciones que le han sido asignadas a este cuerpo, como órgano integrante del Poder Judicial de la Nación. De modo que la inconstitucionalidad de esa norma está debidamente fundamentada y bien orientada hacia lo que se pretende que sea el cargo de consejero.


Este concepto es el que permite ratificar el fallo que obliga al consejero de la Magistratura y senador por el Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, a que cese en el cargo que venía ocupando, debido a que no es abogado.


Se trata de una medida basada en el sentido común, ya que nadie puede pretender pertenecer a un órgano vinculado a la Justicia sin estar preparado específicamente o carecer de la formación académica mínima, en este caso acreditada por el título de abogado. Es pretencioso creer que por experiencia política o vinculaciones con el poder, se puede ejercer decorosamente un cargo de tanta importancia, sin contar con los conocimientos básicos que otorga el estudio sistemático y analítico de una ciencia.


Se puede tener muy buena formación y excelente aptitud para desempeñar un cargo, pero en una sociedad organizada que busca la especificidad en cada una de las tareas, lo menos que se puede exigir es haber cumplido con una formación académica básica.


Haber desestimado la apelación que el senador Godoy hizo cuando se dispuso el cese en su cargo, es un claro mensaje de que la administración de justicia no está dispuesta a seguir tolerando esta forma de copar políticamente organismos que son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones del país.


El desplazamiento del kirchnerista Godoy del Consejo de la Magistratura, más allá de tildarlo como maniobra política, es poner en orden organismos de justicia, tarea prioritaria para el país. La medida fue dispuesta en mayo pasado, pero hasta ahora la sentencia no se ha efectivizado por no estar confirmada debidamente. 


La resistencia de Godoy a dejar el cargo no tiene precedentes, pese a haberse declarado inconstitucional un artículo de la ley que había quitado la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura, medida cercana a la aberración en materia jurídica.