Desde el viernes está en vigencia la norma que limita la libertad condicional y las salidas transitorias a condenados por delitos graves.

Se trata de un paso decisivo en la lucha contra la inseguridad que era reclamado insistentemente por gran parte de la población, especialmente los familiares de víctimas que en los últimos años fueron atacadas por condenados por delitos graves, mientras estaban en libertad condicional.

La norma que limita las excarcelaciones tuvo con el femicidio de la joven entrerriana Micaela García, crimen por el que está acusado un hombre que había sido condenado por violación y al momento del homicidio gozaba de libertad condicional, las razones suficientes para que primero fuera sancionada por el Congreso Nacional y luego promulgada por el Ejecutivo, en búsqueda de terminar con un procedimiento que estaba ocasionando situaciones adversas.

En realidad lo que se ha modificado es la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es reemplazada por la ley 27.375 por la que a partir de ahora los autores de crímenes graves no tendrán acceso a las salidas transitorias y a la libertad condicional, sino que deberán cumplir todas sus condenas en la cárcel. Esto comenzó a reclamarse cuando se advirtió que eran numerosos los presos que salían transitoriamente de los penales y que aprovechaban esas salidas para continuar delinquiendo.

Se consideran delitos graves aquellos que van contra la integridad sexual; la privación ilegal de la libertad coactiva y la participación en robo seguido de muerte o con armas de fuego. Además quedan comprendidos en las limitaciones los condenados por tortura seguida de muerte; secuestro extorsivo con deceso de la víctima; financiamiento del terrorismo y trata de personas. Tampoco se les concederá la libertad condicional a los condenados por la ley 23.737 de estupefacientes.

Se considera que con estas limitaciones se bajará el índice de reincidencia de delitos y que se evitarán hechos que han estado incidiendo negativamente en la seguridad de la población, provocados por un procedimiento judicial que era implementado por algunos jueces en forma arbitraria y sin evaluar fehacientemente la oportunidad de otorgar un beneficio que muchos no valorizaban en su justa medida.