El proceso de juicio político que puede desembocar en la destitución del presidente de los Estados Unidos está más avanzado de lo que se supone, por el implacable trabajo de la Cámara Baja del Congreso. Ya tiene acumulada una documentación de 300 páginas con pruebas suficientes y contundentes del cúmulo de irregularidades investigadas.

Los representantes consideran que Trump hizo abuso de poder, obstruyó las investigaciones del Congreso y comprometió la seguridad nacional, todos ellos motivos que son suficientes para destituirlo. Claro que como todo juicio político en democracia, el problema está condicionado a la subjetividad y resistencia que encontrará el Comité Judicial de la Cámara de Representantes a la hora de evaluar las acusaciones.

Concretamente se recuerda un contacto telefónico del 25 de julio pasado de Trump con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidiéndole que le "haga el favor" de investigar al exvicepresidente estadounidense Joe Biden, principal oponente para las elecciones de 2020 y que se desacredite la teoría conspirativa de que Ucrania interfirió en las elecciones de EEUU de 2016. Todo esto presuntamente a cambio de ayuda militar al gobierno de Kiev.

La acusación parlamentaria señala a Trump subvirtiendo la política exterior hacia un tercer país en procura de su reelección presidencial y, además, utilizó los poderes del cargo para solicitar una interferencia extranjera en los próximos comicios, lo que puso en riesgo la seguridad nacional. Con igual gravedad se acusa al magnate presidente de obstruir la investigación parlamentaria.

Los demócratas sostienen que este presidente es el primero y único en la historia de EEUU que desafía en forma indiscriminada y abiertamente todos los aspectos del proceso constitucional de destitución, al haber ordenado categóricamente a todas las agencias federales y funcionarios que no cumplan con las citaciones de la comisión legislativa.

Esta falta de cooperación sin precedentes de la Administración al Parlamento ya es suficiente como fundamento para un juicio de destitución, pero como en todo Estado de derecho la balanza se inclina según el peso político del acusado y, en este caso, el Senado tendrá la última palabra: puede ratificar o no la demanda de los representantes. Además, la presión de los republicanos será fundamental, no porque los motive tanto preservar la figura de Donald Trump sino para que no quede en la historia un antecedente de ese signo partidario.