El sistema de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una mala copia del creado en Uruguay, fue impuesto hace una década a instancia del kirchnerismo, y en ese lapso sigue en discusión por su cuestionado aporte a la democracia de acuerdo a la experiencia dejada en cada convocatoria comicial. Pero de lo que no hay dudas es del enorme gasto que demanda lo que en la práctica es una gran encuesta de intención de voto.

La eliminación de las primarias en San Juan, con reforma del Código Electoral provincial por parte de la Legislatura, hace una semana, ha reactualizado la polémica en la política local, con el sector opositor a la conducción actual, y apelando a que la justicia determine la viabilidad jurídica del cambio. La escasa participación en la selección de las candidaturas debilita su permanencia como instrumento para democratizar una elección. Son los partidos los que deben impulsar esa selección para ganarse los votos de la gente. En definitiva será la Justicia Electoral quien tenga la última palabra para dilucidar si la forma y el fondo de la cuestión requieren correcciones o serán convalidados, y deberá expedirse antes del plazo establecido previo a los próximos comicios.

Lo importante es que la ciudadanía sepa que las primarias le cuestan más al Estado que las elecciones generales. Este año el presupuesto asignado equivalió a 172 millones de dólares, pero por la pandemia requirió una organización diferencial, subiendo el monto a U$S 184 millones. De ese presupuesto 110 millones de dólares se gastaron en las PASO, el 60% del costo electoral, un récord histórico por la crisis sanitaria que obligó a comprar insumos extra y cambiar la logística, una exigencia que era necesaria para que esos comicios no incidieran en el riesgo de un aumento de contagios, que es lo que se quiere evitar en el país.

Solamente por las cifras demandadas en cada etapa democrática, el Ejecutivo nacional debería poner en debate si las PASO son necesarias, de acuerdo a los resultados dejados en esta década, o si es motivo para acordar con la oposición la eliminación de un sistema que cosecha más resistencia que aplausos. Para disminuir el gasto general del Estado será necesario apelar a todos los remedios constitucionales para que poco a poco regularicen la disminución de la participación del déficit en el PBI nacional y si es sensato continuar el despilfarro en un país imposibilitado de pagar su deuda externa.