La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) en su último informe trimestral reveló que el Estado en su conjunto, formado por los gobiernos nacional, provincial y municipales, se queda en concepto de impuestos y tasas municipales con, nada más ni nada menos, que el 60,6 % de la renta que produce el campo, al menos en el rubro agrícola que es el que más ha crecido en el último año, con cosechas récord en trigo, maíz y soja. 

Un aspecto preocupante, es que con relación a la última medición, se ha observado un aumento de esa cifra de 0,1 puntos porcentuales, lo que estaría indicando un leve aumento de la presión impositiva, lo que no puede ser bien visto por el sector que más está aportando a la recuperación económica del país. Desde FADA se estima que esta variación, en la medición de marzo de 2019, puede haberse originado por una leve caída de los precios de la soja y el maíz, la actualización de tasas municipales y de impuestos inmobiliarios rurales provinciales, y también por la suba de los costos producto de la inflación.

Estos niveles tan altos de captación de renta agrícola por parte de los distintos estamentos del Estado, siempre han sido motivo de quejas y reclamos por parte del campo, que no ha conseguido casi nunca reducciones que le otorguen mayores márgenes para desarrollar una actividad que es clave para el país. Tal vez la etapa más dura que le tocó atravesar al sector fue durante la era kirchnerista, en el período comprendido entre 2015 y 2016, en que la participación del Estado en la renta agrícola tuvo picos de más de 90 puntos, lo que desató un gran reclamo nacional y el desencadenamiento de una crisis política en el Gobierno nacional.

Se espera que para los próximos trimestres, cuando se confirme la cosecha récord de la soja, con un aumento de más del 40%, similar al obtenido ya por el trigo y el maíz, la participación del Estado en la renta se reduzca llevando los porcentajes a un nivel más adecuado.

De este cuadro de situación se deduce por qué el Gobierno tiene tantas esperanzas en la recuperación del campo y por qué no intenta una reducción de impuestos que daría mayor oxígeno a la actividad agrícola. La respuesta está en que el Estado no reduce su nivel de gastos corrientes y eso lo obliga a tener que financiarlos con este sector que sin duda es el más productivo.

Llegará el momento en que las autoridades deberán tomar conciencia de que si no achican el gasto público, nunca podrán reducir estos porcentajes de participación en la renta agrícola, condenando a este sector a seguir esforzándose en un país que no resulta viable.