El reconocido periodista Andrés Oppenheimer en su libro "Cuentos chinos" relata que realizó un viaje a China con el fin de palpar la naturaleza de su desarrollo. En ocasión de entrevistar a un alto funcionario de planificación económica, le preguntó si era real que privatizarían cien mil empresas públicas. Refiere que el entrevistado meneó la cabeza en negación, casi enojado, respondiendo: "No, esa cifra es falsa". Cuando el periodista pensó que recibiría una apología sobre el socialismo, el directivo gubernamental concretó: "Vamos a privatizar muchas más". Y agregó que el sector privado es "el principal motor del desarrollo económico" de China. Conste que se trata de un país administrado por su partido comunista, aunque en lo económico haya establecido el sistema capitalista. Es decir, que el controvertido tema de un Estado administrador de empresas o, por el contrario, centrado en actividades que le son propias, pertenece más al dominio cultural que al ideológico.

La petrolera YPF fue creada por el Estado argentino en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Los endémicos déficits operativos, una deuda creciente y el atraso de inversiones condujo a que en mayo 1992, bajo la presidencia de Carlos Menem, fuese privatizada. En 2012, en la presidencia de Cristina Kirchner, se expropió bajo el argumento de que estaba en juego la "soberanía hidrocarburífera" de la Argentina. Se expropiaron expresamente las acciones (51%) de la empresa española Repsol, para lo que en 2014 se acordó un pago de 5 mil millones de dólares. El estatuto de YPF establecía que, si alguien se hacía con el control mayoritario, debía hacer una oferta viable de compra a los accionistas minoritarios. Esto, evidentemente es porque, dependiendo de quién tome el control, puede reducir el valor la empresa y los tenedores privados de acciones podrían ver perjudicado su patrimonio. Y esto es, precisamente, lo que no se hizo en 2012. Dos fondos de inversiones compraron a tales accionistas minoritarios de YPF los derechos para litigar contra la Argentina. Tales demandas se dirimirían en Nueva York, de acuerdo al citado estatuto. La magistrada actuante ha responsabilizado al Estado argentino por no haber cumplido con el estatuto de YPF. Cuando la expropiación fue votada en el Senado, tuvo 63 votos a favor y 3 en contra. Ya en Diputados se convirtió en ley con 207 votos favorables, contra 32. Es decir, la clase política en su mayoría dio respaldo al procedimiento.

En el fallo aludido no se especifican montos indemnizatorios, pero se estiman entre U$S 8.500 y 19.000 millones. A esto se le debe sumar lo ya abonado, más otros posibles costos. Un dato no menor es el precio actual de toda YPF, unos U$S 8.600 millones, según su cotización bursátil. Todo este despilfarro será, como siempre, abonado con sacrificio y privaciones de los argentinos. Soberanía hidrocarburífera posibilitada por una YPF que, a menudo, es la primera en subir el precio de los combustibles, antes que las petroleras privadas. En ese sentido hay que determinar quiénes fueron con exactitud los responsables que compraron acciones de la empresa y no pusieron capital de trabajo para equilibrar los costos de ese gran desfalco.