La efectividad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el principal programa social contra la pobreza y la indigencia en el país, ha sido medida en sus resultados a lo largo de una década de asistencia a más de cuatro millones de niños, con tres gobiernos. El estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha determinado que este beneficio no ha podido erradicar la pobreza, apenas la alivia.

En la investigación, de 2010 a 2020 se comprobó que la pobreza de chicos y adolescentes cuyos padres recibieron este beneficio pasó de 39,8% entre 2010 y 2013 a un promedio de 56,2% entre 2018 y 2020. Por su parte la indigencia en la infancia alcanzó 9,8% entre 2014 y 2017, para llegar al 12,2% en 2020 en el universo de 4.359.317 cubiertos por el plan.

Los técnicos de la UCA observan que se trata de una buena política de protección social, pero la AUH pone al descubierto con seguridad de que hay casi un 50% de trabajadores en la economía informal, y por ello la necesidad de generar trabajo de calidad para que estas familias titulares de las 2.468.209 AUH puedan cambiar la ayuda del Gobierno por un empleo digno.

Es que este tipo de análisis solo evalúa los efectos de la política social a corto plazo, sin hacer el seguimiento a los resultados que pudieron tener a mediano y largo plazo, de manera que el efecto positivo se comprueba en los indicadores de indigencia y de la salud, trabajo infantil y educación.

En ese sentido revela un buen funcionamiento que podría servir de ejemplo para otras políticas que requieren sostenibilidad. No obstante debe servir de advertencia para lo que se busca con este tipo de transferencias, como cortar el ciclo generacional de la pobreza. Es evidente que se necesitan otras políticas para promover el entorno socioeconómico a fin de generar oportunidades de movilidad social.

En la Argentina hay más de 141 programas de protección social y ayudas estatales que con los ajustes periódicos por inflación están en unos 900.000 millones de pesos anuales, que sin duda son insuficientes para apoyar a los sectores más vulnerables, según se manifiestan con protestas callejeras. Los planes sociales son un drenaje imparable de los recursos de la Anses, es decir de los aportes previsionales de todos.

Los planes sociales están asociados al colapso económico de cada gobierno. Aparecieron con Raúl Alfonsín en 1986 con la caja PAN y volvieron en la crisis de 2002 con Eduardo Duhalde para ayudar a 2 millones de familias. Desde entonces el aporte estatal no deja de crecer.