La seriedad que ha dado marco al debate parlamentario e institucional por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido un ejemplo histórico de civismo. Todos los sectores interesados en el debate se han manifestado en pro o en contra a través de los mecanismos de la democracia y también en las calles, en plena libertad.


Particularmente merece destacarse la responsabilidad parlamentaria porque el Poder Legislativo ha mostrado plena independencia en el andamiaje republicano, y dentro de los bloques partidarios diputados y senadores actuaron según sus conciencias y no respondiendo a una disciplina partidaria como actuó el Congreso en las últimas décadas.


Hubo un compromiso social expresado por los canales representativos en las maratónicas sesiones de ambas cámaras y con resultados diferentes, al imponerse la razonabilidad a las posiciones ideológicas. El respeto al dictado de la Carta Magna y a los pactos internacionales en favor de la vida incorporados a las garantías fundamentales, han impedido aprobar una ley inconstitucional.


En un Estado de derecho se contemplan todos los reclamos, pero mediante la legislación y el orden. Quienes se sintieron frustrados por el rechazo del Senado a la media sanción de Diputados en favor de la despenalización del aborto, deberán esperar al año que viene para insistir en el proyecto procurando un nuevo consenso legislativo.


Antes que termine este mes, el Poder Ejecutivo enviará al Senado el proyecto de reforma del Código Penal, donde se prevé que un juez podrá eximir de pena a la mujer que se practique un aborto, ni tampoco será punible en el caso de un embarazo por abuso sexual, como también para los profesionales que intervengan.


Así, con la memoria fresca en un tema polémico, las posiciones de diputados y senadores podrían allanarse en un término medio y lejos de los reclamos exacerbados de los fundamentalistas. Este anteproyecto de reforma fue elaborado por jueces y fiscales durante más de un año, buscando un equilibrio entre los derechos constitucionales, el derecho a la vida, y el derecho a la autonomía personal en la disponibilidad del cuerpo de la mujer.


Es la forma de asumir un compromiso ante la sociedad atendiendo la realidad de una situación insoslayable, y más si hay de por medio seres vulnerables e indefensos.