Más allá de que hay sectores que consideran que la medida implementada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, de prohibir a los ministros del Gabinete nacional el nombramiento de familiares en reparticiones del Estado, es demagógica y que no va a incidir decisivamente en la reducción del gasto público, es preciso consignar que se trata de una acción que habla de las serias intenciones del actual gobierno de “Cambiemos” de introducir una corriente moralizadora que sume transparencia y marque los lineamientos de cómo debe ser la nueva concepción del Estado.
Desde tiempos pretéritos se ha criticado al Estado nacional o la administración pública, en sus distintos niveles, por haber sido albergue casi natural de familiares de personas vinculadas a la política que realizan designaciones, muchas veces sin tener en cuenta la capacidad o formación. Se trata de una cuestión de sentido común que la gente rechace este tipo de nombramientos, especialmente si lo único que hacen es engrosar las filas de empleados estatales.
El presidente venía madurando esta decisión desde el año pasado cuando solicitó a sus ministros un achique de la planta de personas que incluyera cargos jerárquicos designados durante la actual gestión. En un primer momento la medida provocó oposición por parte de los propios funcionarios, pero la insistencia del mandatario hizo que a principios de este año se acatara la decisión, que está llevando paulatinamente a que los familiares de integrantes del Gabinete nacional presenten sus renuncias.
Lo interesante de la norma es que se espera que los otros poderes del Estado, como el Judicial y el Legislativo se sumen a esta corriente. Gran expectativa hay con el Poder Judicial, donde se conoce que en los últimos años ha sido muy habitual la incorporación de familiares de los magistrados en cargos altamente deseados por la ciudadanía.
Respecto del comportamiento de las provincias, tanto la gobernadora de Buenos Aires como el jefe de la Gobierno Porteño han anunciado que se sumarán a las directivas. Mientras que en el resto de las provincias, la decisión no se ha tomado en forma uniforme. En nuestra provincia el gobernador Uñac ha dicho que ve bien la medida pero que no la acompañará porque no es necesaria en la provincia.
Sería interesante que la prohibición se cumpla efectivamente, y a la mayor brevedad, para conferirle el carácter de medida permanente y reivindicatoria de una sociedad que quiere terminar con privilegios y prebendas.