Según datos oficiales, el índice de pobreza actual de nuestro país alcanza el 27%, lo que hace que millones de personas de todas las edades sufran el flagelo del hambre. Esto es inadmisible en un Estado en el que se reconoce que unas 16 millones de toneladas de alimentos van a parar irremediablemente a la basura, al no poder ser incorporados al circuito comercial por deficiencias en sus envases o etiquetas, u otros inconvenientes menores que no impiden que puedan ser consumidos, sin ningún tipo de riesgo.
Lo que está obstaculizando que esos alimentos lleguen en carácter de donación a los sectores más necesitados, es que se restablezca la ley del Buen Samaritano, incorporando nuevamente un artículo que fue vetado en 2004, referido a la delimitación de la responsabilidad civil y penal de todo donante de alimentos. El artículo 9 establece un marco legal para los donantes más lógico, con el solo objetivo de promover una mayor cantidad de donaciones que son de gran valor para la atención de las necesidades básicas alimentarias de poblaciones carecientes.
El proyecto modificatorio de la ley denominada del Buen Samaritano, segunda cosecha o Ley donal, acaba de obtener la media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que volverá al Senado en busca de la sanción definitiva. De ser aprobada nuevamente, como ya había sucedido a fines del año pasado, se considera que actuará como un fuerte incentivo para donaciones no sólo de fabricantes, sino también de las organizaciones intermedias que se encargan de hacer llegar los alimentos a miles de personas que asisten diariamente a comedores, jardines maternales, hogares para adultos, escuelas, parroquias, centros comunitarios, en síntesis, lugares donde cada día se libra una batalla contra el hambre.
Se descarta que el Senado nuevamente aprobará la norma y que de esta forma numerosas cadenas de supermercados, comedores y restaurantes, mercados concentradores de frutas y hortalizas, como también firmas procesadoras de alimentos, podrán concretar la donación de sus excedentes ajustándose a un marco legal mucho más lógico.
Luchar contra el hambre de los sectores más vulnerables de la sociedad es responsabilidad de todos, por lo que es necesario que esta legislación, que ha estado sin vigencia durante tanto tiempo, sea restablecida en beneficio de mucha gente que está pasando por un mal momento.