En medio de la controversia que ha generado en estos días el tratamiento legislativo de las reformas previsional e impositiva, en ámbitos judiciales trascendió una medida que poco favor le hace a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional por avanzar en las reformas económicas financieras para reencauzar el rumbo del país. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, acaba de conceder al propietario de una conocida cadena de bingos, la medida cautelar por la que esas casas de juego no pagarán el Impuesto a las Ganancias que se aplica al resto de la economía argentina.

En momentos en que el presidente Mauricio Macri está tratando de dar ejemplo de austeridad en los gastos, con medidas que están en sintonía con el ajuste que ha dispuesto para varios sectores, resulta absurdo que se exima a los bingos, propiedad del presidente del Club Boca Juniors y principal operador judicial de la presidencia de la Nación, Daniel Angelici, de pagar Ganancias, en el preciso momento que el Gobierno nacional llevó este tributo del 35 al 41,5 por ciento.

La razón argumentada por el juez, en concordancia con las presentaciones efectuadas por Angelici, es que el decreto 179/17 que elevó la alícuota del Impuesto a las Ganancias para el sector, es “confiscatorio” y “violaría el derecho constitucional de propiedad”. También hay objeciones a la Ley 27.346 que creó el impuesto específico sobre las apuestas.

La eximición complica los planes de recaudación trazados por el Ejecutivo que preveía compensar con el impuesto al juego la reducción de Ganancias que benefició a miles de contribuyentes.

Por ahora se trata de una medida cautelar, por lo que podría prolongarse en el tiempo. Esto hace prever que los bingos estarán mucho tiempo sin pagar el tributo.

Una medida similar inició en abril último la Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimientos (Uadee), que agrupa a otros bingueros, quienes también obtuvieron una cautelar similar. Los montos que los propietarios de bingos no abonarán al fisco son millonarios. Por parte de las tres sociedades de Angelici (Bingo Ramallo SA; World Games SA, de Pergamino y Desarrollo Maipú SA, de Mendoza) la cifra supera los $14 millones.

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Una medida judicial que marca un mal precedente y que rememora las prebendas y privilegios que fueron habituales durante el kirchnerismo, en un ámbito muy predilecto como es el de las casas de juego de azar.