En lo que significó el mayor revés para su vida pública, el ex presidente de Perú (1990-2000), Alberto Fujimori fue condenado ayer a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad: la muerte de 25 personas y el secuestro de otras dos. Además, Fujimori tendrá que pagar una "reparación civil" cercana a los 20.000 dólares por cada una de las víctimas.
En un histórico fallo que marca un precedente para casos de abusos a los derechos humanos en el mundo, los jueces determinaron que los cargos contra Fujimori corresponden a "crímenes de lesa humanidad" y que se demostró su "autoría mediata" en la ejecución de las matanzas, lo que suscitó festejos y reproches en las calles de Lima.
La sala que procesó durante 16 meses al ex mandatario de 70 años, que gobernó Perú con mano dura, dictaminó que deberá estar recluido hasta el 10 de febrero de 2032.
Tras el fallo, la defensa adelantó que presentará un recurso de nulidad contra la sentencia.
La dura sentencia se debe a que Fujimori fue encontrado culpable como autor mediato de asesinatos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, delitos que constituyen, según estableció el tribunal, crímenes del Estado y crímenes contra la humanidad.
Las masacres fueron cometidas por el Grupo Colina, una organización de militares que cometió "por lo menos" 50 asesinatos, aunque en el juicio únicamente se ventilaron las masacres conocidas como Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas.
El fallo también considera probada la participación de Fujimori en las detenciones arbitrarias del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, configuradas como secuestros por las características que las rodearon.
Repercusiones
"Muy grande es mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y de venganza", dijo la hija de Fujimori, virtual candidata a presidenta. "Saldremos a las calles a expresar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país, que salvó del terrorismo a nuestro país", agregó. Y prometió que si resultara electa de presidenta, indultará a su padre.
En otro lado, activistas de derechos humanos saltaban de alegría con pancartas en la mano. "Estoy muy satisfecha con la sentencia porque nos dignifica por la no vinculación de nuestros familiares con actos criminales", dijo Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas.
"Con esta sentencia (…) el tribunal peruano demostró al mundo que hasta ex jefes de Estado no pueden quedar impunes luego de cometer serios crímenes", dijo María McFarland, de la organización Human Rights Watch.
Los seguidores de Fujimori lo defienden por estabilizar la economía y reducir la hiperinflación, desarticular al grupo guerrillero Sendero Luminoso, pacificar al país tras años de lucha interna entre las fuerzas armadas y la guerrilla, y liberar a los 72 rehenes de la residencia del embajador japonés en Perú, tras 71 días de captura por parte de guerrilleros del grupo Tupac Amaru.
Pero, sus detractores le enrostran los casos de corrupción y abuso a los derechos humanos que se produjeron durante su Gobierno.
Fujimori, que ya tiene una condena de seis años de prisión por abuso de poder, tendrá que enfrentarse a otros cargos a partir del 11 de mayo, el primero de ellos la entrega en forma ilegal de 15 millones de dólares como indemnización a Montesinos.