Sin su presencia por estar prófugo en Chile, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició ayer el juicio político al integrante de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano por su presunta complicidad en un centenar de crímenes de la última dictadura.
Romano no está en las audiencias ya que se encuentra desde agosto pasado en el país trasandino, evadido de la Justicia argentina, que requirió su captura internacional por las causas en las que está procesado por su presunta connivencia con la dictadura.
Durante la primera jornada, el miembro acusador por el Consejo de la Magistratura, el representante del Poder Ejecutivo Hernán Ordiales, calificó a Romano como ‘cómplice y encubridor del terrorismo de Estado‘. Ordiales, quien tiene a cargo la acusación junto al diputado del Frente para la Victoria Carlos Moreno, subrayó de Romano su ‘colaboración fundamental a los represores‘ y anticipó que pedirá su destitución del cargo en el que está suspendido.
La acusación repudió que Romano se haya fugado a Chile, que le otorgó una visa para residir por varios meses: ‘Esa indignidad ya merece de por sí sola la destitución‘. La situación de Romano es similar a la que afrontó su colega Luis Miret, quien fue destituido por una instancia parecida a principios de año.
Romano está acusado de mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, por no investigar 103 casos de delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1983 cuando era fiscal federal y juez subrogante de Mendoza. Se trata de casos de secuestros, torturas, robos de bienes y el archivo de la causa por la apropiación de la menor Rebeca Celina Manrique.
En el país trasandino, Romano pidió refugio y el gobierno de Sebastián Piñera le otorgó una visa por ocho meses. En ausencia, Romano es asistido por la defensora oficial Estela León.