Chile y Ecuador lideran la lucha contra la corrupción en América latina, que vive una ligera mejora general pese a la fuerte caída de Cuba, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 publicado ayer por la ONG Transparencia Internacional (TI).
La lista total incluye 178 países y regiones y analiza la percepción de la corrupción en el sector público. La escala que se utiliza va desde cero (país muy corrupto) hasta diez (sin corrupción).
Estados Unidos obtiene su peor resultado desde la creación del informe de TI hace 15 años. Alejandro Salas, director regional para las Américas de TI, destacó que el éxito de Chile, que obtuvo 7,2 puntos sobre 10 y ascendió cuatro puestos con respecto al índice del año pasado situándose en la posición 21, se debe a la "continuidad" política pese a los cambios de gobierno, a una policía "muy limpia" y a un poder judicial "tradicionalmente autónomo".
Además, destacó que el Ejecutivo chileno ha implementado en los últimos años sistemas de gobierno electrónico, sistemas de contratación pública transparentes y leyes de acceso a la información pública que ayudan a combatir la corrupción.
Además de Chile, otros tres países latinoamericanos aprobaron el índice fueron Uruguay, en el puesto 24 con 6,9 puntos; Puerto Rico (puesto 33 con 5,8 puntos), y Costa Rica (puesto 41 con 5,3 puntos).
En el extremo contrario, el peor situado es Venezuela, que cierra la lista de países latinoamericanos en el puesto 164 con 2,0 puntos.
En el medio, los resultados de Brasil (69), República Dominicana (101) y Argentina (puesto 105) se mantuvieron.
Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, la entidad que monitorea en Argentina el capítulo local de Transparencia Internacional dijo que entre los elementos que perjudican la transparencia está "la dificultad para acceder a información pública. La respuesta recibida de parte de muchos ministerios, de manera automática ante cualquier pedido, es que esa información constituye ‘datos personales. Se requiere una Ley de acceso a la información, pero para eso se debe tomar una decisión política, y comprender que el control de la corrupción debe ser transversal", dijo.
"Otro elemento negativo es el retiro de los informes de gestión que la Sindicatura General de la Nación dejó de publicar en su sitio en Internet, agregó Charosky.